El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Madrid ha formalizado la demanda contencioso-administrativa contra el nuevo modelo de gestión de Mercamadrid. En el procedimiento ordinario 253/2026 solicita anular el acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2025 y que los concejales vuelvan a votar después de conocer qué bienes están afectados, cuánto valen y qué derechos se reconocen a Mercasa.
Desde VOX no cuestionan la continuidad de Mercamadrid más allá de 2032 ni las inversiones necesarias para garantizar un servicio esencial. La denuncia de la formación se centra en la protección del patrimonio municipal. "Los anteriores estatutos vinculaban el vencimiento de la sociedad, fijado para el 29 de enero de 2032, a la reversión al Ayuntamiento, sin indemnización, del activo, el pasivo, las instalaciones y los bienes del servicio. Los nuevos estatutos eliminan esa fecha, establecen una duración indefinida y dejan la reversión condicionada a una futura disolución y liquidación", argumentan desde VOX.
La demanda del Grupo Político sostiene que el Pleno votó sin inventario completo, sin tasación actualizada de terrenos, construcciones e instalaciones y sin una valoración autónoma de la reversión. La valoración pericial independiente aportada por VOX, limitada únicamente a determinados terrenos, estima su valor en 414,6 millones de euros y calcula un segundo escenario de 519,8 millones a partir de la suma individualizada de las superficies de las parcelas publicadas. No incluye la totalidad de los terrenos ni las construcciones y demás activos. Estas cifras, según el Grupo Municipal, no prueban por sí solas una pérdida concreta, pero sí muestran que estaba en juego un patrimonio de varios cientos de millones que debía haberse valorado antes de la votación.
“Mercamadrid tiene que seguir funcionando, creciendo y prestando un servicio esencial, pero no a costa de poner en riesgo el patrimonio de los madrileños. El futuro de Mercamadrid no exige regalar derechos a Mercasa ni rebajar las garantías que protegían los bienes municipales”, ha señalado la portavoz de VOX en la Comisión de Economía, Innovación y Hacienda, Arántzazu Cabello.
Mercasa es una empresa pública participada en un 51 % por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en un 49 % por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Conserva el 48,75 % de Mercamadrid y, según la demanda, capacidad de bloqueo sobre decisiones esenciales, incluida la disolución. El acuerdo de socios prevé, además, una política de dividendos hasta 2040 orientada a que recupere los 11.886.147 euros aportados y los dividendos no percibidos en 2025.
VOX recuerda, además, que Mercasa ha estado vinculada a investigaciones judiciales por presunta corrupción. En la pieza Mercasa-Angola, que afectó a antiguos responsables y a contratos de la compañía, la Audiencia Nacional dictó el 28 de abril de 2026 sentencia absolutoria para todos los acusados al no considerar acreditados los sobornos. En una pieza separada del denominado caso Leire Díez, el juez ha citado como investigados, entre otros, a la presidenta de la SEPI, al expresidente de Mercasa José Ramón Sempere y a María Teresa Castillo, entonces directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa. Para VOX, este contexto exige máxima transparencia.
“Resulta cuanto menos sorprendente que PP, PSOE y Más Madrid votaran a favor de un acuerdo cuyo expediente, según la demanda, no contenía una valoración completa. Cuando están en juego bienes de los madrileños valorados, solo en una parte de los terrenos, en cientos de millones de euros, no se puede votar a ciegas ni entregar un cheque en blanco”, ha declarado Cabello.
VOX sostiene que la memoria exigida por el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local es insuficiente. La demanda no pretende paralizar Mercamadrid: pide que el Pleno vuelva a decidir con un inventario completo, una valoración independiente de los activos y de la reversión y una auditoría del modelo financiero.