La Plaza de la Villa de París ha sido el lugar elegido por el Ayuntamiento de Madrid para celebrar el acto institucional de homenaje a la Constitución. La ubicación ha levantado polémica porque es en esa plaza donde se encuentra el Tribunal Supremo y Más Madrid ha exigido al Partido Popular y a José Luis Martínez-Almeida “que dejen de manosear la Constitución y la Justicia”.
“Esto debería ser un acto institucional al servicio de los madrileños, pero el Partido Popular vuelve a impregnar de su partidismo este tipo de eventos, como estamos acostumbrados a que también haga Ayuso”. Así lo ha espetado Eduardo Rubiño, convencido de que “muchos eventos y actos institucionales han pasado a ser un decorado del Partido Popular”.
El Partido Socialista también ha criticado la ubicación elegida para realizar el homenaje a la Constitución. Reyes Maroto está convencida de que este 2025 se despliega “un escenario diseñado para mandar mensajes políticos y no para celebrar la Carta Magna con serenidad”. La portavoz del PSOE sostiene que “la ubicación no es casualidad y el simbolismo es evidente”.
Por su lado, el alcalde de Madrid ha mandado un mensaje a “todos aquellos malpensados” que puedan interpretar libremente la decisión del Ayuntamiento de la capital. “Se ha hecho en Plaza de la Villa, ante el Palacio Real, en el propio monumento a la Constitución y este año será ante el Poder Judicial, uno de los pilares del Estado de Derecho. Lo raro es que alguien se pregunte por qué”, ha comentado Almeida sobre el acto y la polémica suscitada en torno a su ubicación, sobre la que añade que se trata de “un lugar simbólico para el Poder Judicial”.
“A mí lo que me escandaliza no es que la Constitución se celebre ante el Poder Judicial, sino que haya manifestaciones contra el Poder Judicial”, dice José Luis Martínez-Almeida, aclarando que “el planteamiento del acto se hizo antes de conocer esa sentencia”. Con estas declaraciones, el alcalde de Madrid hace referencia al fallo anticipado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.