El Congreso de los Diputados ha debatido el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2026, que ha sido rechadado por 164 síes, 178 noes y 5 abstenciones.
Según marca la ley dicho acuerdo debe someterse en forma sucesiva a los Plenos del Congreso y del Senado, que los aprobarán o rechazarán. Si el primero los aprueba y son rechazados por el segundo, se someterán a una nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple.
Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. Y si los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública son aprobados, la elaboración del proyecto de ley de presupuestos habrán de acomodarse a dichos objetivos.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de noviembre el Acuerdo por el que se fijaron dichos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2026.
El techo de gasto, que se ha rechazado ahora alcanza los 212.026 millones de euros, se incrementa sin comprometer el rigor presupuestario, según explicó el Ejecutivo. El Gobierno quiere mantener su hoja de ruta, que consiste en reducir la deuda y el déficit público a la vez que se refuerza el Estado del Bienestar. Unos objetivos que son compatibles por el buen comportamiento de la economía española, cuyo crecimiento triplicará al del conjunto de la Zona Euro y que está batiendo récords de empleo y de reducción del paro. Situación a la que han contribuido los fondos europeos, los cuales han sido asumidos con éxito por el tejido productivo.
El techo de gasto 'nacional', el que no incluye los fondos europeos, crece en las previsiones del Gobierno un 8,5% con respecto al de 2025. El incremento, de 16.674 millones de euros, va en la línea de mantener la apuesta por unas cuentas públicas ambiciosas que encajen con el cumplimiento de las reglas fiscales.
Este techo de gasto contempla además una transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social. Esto sirve para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo que tienen con fin salvaguardar el sistema de pensiones y prestaciones. Su impacto será asumido por completo por la Administración Central.
Estos datos debían servir de base del anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2026. Unas cuentas públicas que deberían perseverar en el refuerzo de las políticas sociales y que tendrían como gran protagonista un aumento considerable de las políticas de vivienda. De esta manera, se cumplirán los compromisos de estabilidad presupuestaria sin dejar de lado la mejora de los servicios a los ciudadanos y de su calidad de vida.
A lo anterior hay que sumar el compromiso de continuar con una reducción notable de deuda y déficit. Algo que atestiguan los datos, con el déficit público cayendo cuatro años seguidos desde su máximo del -9,9% del PIB en 2020 hasta situarse en el -2,8% a cierre de 2024.
Toda esta línea presupuestaria queda ahora en suspenso hasta que el Gobierno vuelva a enviar la senda al Congreso para ver si pudiera encontrar los apoyos necesarios para aprobarlos.