La explosión de gas en la calle Azcoitia, 36, ubicado en Carabanchel, y el fallecimiento de una mujer en la misma, marcaron el inicio de un fin de semana envuelto en la incertidumbre, pues el suceso también dejó a nueve personas heridas y 39 vecinos desalojados.
Hoy, tres días después de la explosión, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con las víctimas y ha adelantado las actuaciones que se llevarán a cabo en la zona. Así, desde el punto de vista urbanístico se procederá a la demolición de las partes afectadas, mientras que se reforzará la presencia de agentes de la Policía para "evitar robos".
"Desde el punto de vista social, en estos momentos hay 39 personas alojadas por Samur social", señala el regidor madrileño. Y es que, tras la explosión, se procedió al desalojo de las viviendas del edificio en cuestión, el número 36, y del 38, que también se vio afectado, en total, se desalojaron 32 viviendas.
¿Crónica de una ruina anunciada?
Sin embargo, no se puede obviar la situación que venía arrastrando el edificio desde hace décadas, tal y como reflejan los propios registros del Ayuntamiento de Madrid. Dichos documentos revelan un posible historial de abandono técnico y burocrático que se extendía desde hacía dos décadas. El edificio, que hoy se enfrenta a un expediente de ruina inminente, acumulaba advertencias oficiales sobre deficiencias estructurales, además de varias inspecciones "DESFAVORABLES".
Así, el edificio habría encadenado tres dictámenes desfavorables consecutivos desde el año 2006, primera inspección negativa por falta de mantenimiento básico. En 2017, se emite un nuevo informe que ponía el foco en la seguridad del inmueble y, finalmente, en 2019, se emite el tercer dictamen técnico antes del siniestro, que ratificaba graves deficiencias en fachadas, cubiertas, fontanería y saneamiento.
A pesar de que estos informes son públicos, no aparece por ningún lado que el edificio hubiera obtenido en algún momento el "Certificado de Idoneidad", el sello que garantiza que las obras de reparación han sido ejecutadas correctamente. Además, en 2019, el cambio de departamento de gestión de dichos expedientes fue un hecho clave, pues pasó de la gestión ordinaria a la Sección de Disciplina Urbanística y Procedimiento Sancionador, es decir, indica que el consistorio ya estaría esperando una respuesta voluntaria, si no que había iniciado un procedimiento de infracción.
Este estancamiento administrativo confirma que, a pesar de la presión legal y la posible imposición de multas coercitivas, las obras necesarias para subsanar los fallos estructurales nunca se certificaron. Al final, esta parálisis de casi siete años ha sido el prólogo directo del actual Expediente de Ruina (511/2026/01635) abierto tras el siniestro de enero, siendo el Ayuntamiento el que asume, finalmente, la situación del edificio.