El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco será investigado por permitir la manifestación de 8M por el Día Internacional de la Mujer. Según adelanta Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este miércoles investigar a Franco por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al permitir la concentración del 8M, a pesar de las advertencias que hizo, días antes, el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.
Varias concentraciones en marzo
Para entender la apertura de esta investigación hay que remitirse a la denuncia presentada por el abogado Víctor Vallardes la semana pasasa. La denuncia, apunta Europa Press, se dirigía al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, los delegados de Gobierno de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. La razón de esta denuncia residía en haber permitido las distintas concentraciones celebradas entre el 5 y el 14 de marzo. Sin embargo, la jueza asume únicamente lo que afecta al delegado en Madrid, José Manuel Franco, puesto que no tiene competencia sobre el resto.
Una jueza investigará si fue un acto constitutivo de delito permitir la manifestación del 8M en Madrid
Interrogantes en torno al 8M
La jueza plantea una serie de interrogantes en torno a este asunto de las que se hace eco Europa Press. En primer lugar, cuestiona si el citado informe fue remitido de manera oficial a España o a la Delegación del Gobierno y, de ser así, en qué fecha se hizo y si en el documento se instó a prohibir las concentraciones.
En esta línea, se pregunta también si se dio orden expresa al delegado del Gobierno en Madrid de no prohibir las manifestaciones a pesar de las consideraciones sanitarias o si la Delegación del Gobierno adoptó alguna medida de prevención.
La jueza recuerda además que la manifestación es un derecho constitucional y que se podría haber prohibido legalmente, siempre y cuando, el Gobierno tuviera, en ese momento, no después, datos suficientes y objetivos de la existencia de un riesgo para la integridad física de las personas.