Desde el pasado 6 de octubre y hasta el próximo 9 de diciembre, los vecinos de Griñón tienen abierto el plazo para pagar la tasa de basuras. Una medida que, según el alcalde del municipio, José María Porrás, ha generado confusión y malestar entre los ciudadanos.
El regidor griñonense muestra su oposición a cómo se ha implementado esta medida, que está suponiendo que sean los alcaldes, de cualquier color político, quienes "nos llevamos la bronca de los vecinos". Además, sostiene que “el 90% de lo recaudado por la tasa de basura se lo queda el Estado”. José María Porrás, defiende que los ayuntamientos son meros intermediarios de una obligación legal impuesta desde el Gobierno central y la Unión Europea. “A los vecinos les llega la factura, pero el dinero no se queda en el municipio ni supone una mejora del servicio”, añade.
La idea inicial, que parte desde las instituciones europeas, era que para acometer el problema de los residuos que se generan en las ciudades y municipios europeos había que poner en marcha una premisa: que pague más quien más contamine. Pero aterrizar esto a la ciudadanía está suponiendo mucha complejidad. La ley 7/2022 aprobada en las Cortes establece que las entidades locales tienen que implantar desde este año una tasa diferenciada de cualquier otro gasto que suponga recaudar el coste total de la recogida, transporte y vertido de los residuos sólidos urbanos. Pero ¿cómo se reparte de una manera justa para quien más contamine más pague? Es en ese punto en el que se encuentran más dificultades los alcaldes y alcaldesas.
Para Porras todo se ha complicado aún más porque el coste del vertido de residuos se ha disparado: “Antes pagábamos 6 euros por tonelada en el vertedero de Pinto; ahora pagamos cerca de 100. Eso hace que prácticamente todo lo recaudado se destine a cubrir ese incremento”.
En el caso de Griñón, la tasa se ha calculado principalmente por metros cuadrados de vivienda, distinguiendo entre pisos, unifamiliares, locales y naves industriales. “Tenemos una de las tasas de basura más bajas de la Comunidad de Madrid”, asegura el alcalde, quien destaca que, pese a la obligación legal, su equipo ha buscado minimizar la presión fiscal.
El Ayuntamiento trabaja ya en una modificación de la ordenanza para el próximo año con el fin de ajustarla mejor a la realidad del municipio. “Queremos incluir factores como el empadronamiento, porque no genera los mismos residuos una casa donde viven dos personas que una donde viven catorce”, explica.
Porrás defiende su modelo de gestión municipal, basado en “cobrar lo menos posible” y mantener una de las presiones fiscales más bajas de la región. “Cada ayuntamiento puede decidir su política, pero en Griñón apostamos por aliviar al vecino, no por recaudar más”, concluye.
Por eso, para seguir con esa política, José María Porras, manifiesta su intención de reintroducir bonificaciones en la tasa de basuras con el objetivo de fomentar el reciclaje entre los vecinos. Explica que antes de la aplicación de la normativa estatal, el municipio premiaba a quienes cumplían hitos ambientales, como acudir al punto limpio o utilizar correctamente la fracción orgánica, con reducciones del 100 % en la tasa.
Según el regidor, la nueva legislación ha obligado a todos los ayuntamientos a imponer la tasa sin posibilidad de exenciones totales, lo que ha frenado el avance del reciclaje en el municipio. “En mi pueblo, el que no quería pagar tasa de basura, no la pagaba; ahora ya no tiene esa opción”, lamenta.
No obstante, Porrás adelanta que el Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza fiscal para 2026 que incluirá pequeños incentivos por buenas prácticas medioambientales, como el uso del punto limpio o el número de personas empadronadas en cada vivienda. El objetivo —dijo— es “seguir premiando al vecino responsable” y reducir el volumen de residuos que se envían al vertedero, lo que también supondría un ahorro para las arcas municipales.
Más de cinco millones en inversiones activas
Aprovechamos la visita del alcalde griñonense para repasar otros asuntos de la actualidad municipal. José María Porras hizo un resumen de todos los proyectos que están en marcha en el municipios que destaca por su capacidad inversora y de ejecución de infraestructuras.
El Ayuntamiento de Griñón ejecuta actualmente más de cinco millones de euros en obras e inversiones, una cifra que el alcalde considera “extraordinaria” para un municipio de apenas 10.000 habitantes.
Entre los principales proyectos en marcha destacan la piscina cubierta municipal, con una inversión que superará los 1,5 millones de euros; el nuevo parking subterráneo de la Plaza Mayor, financiado íntegramente por el consistorio con 1,1 millones de euros; y la ampliación del centro de día y residencia municipal, con 180.000 euros, que estará terminada antes de final de 2025.
También avanzan las obras del Parque El Paraíso, un espacio multideportivo con pistas, rocódromo y zonas infantiles cofinanciado con la Comunidad de Madrid, y la creación de un nuevo centro juvenil en la antigua “casita de la música”.
Además, se prevé construir nuevas pistas de pádel y un área deportiva al aire libre en el terreno del antiguo punto limpio, con 1,2 millones de euros de presupuesto.
Presupuestos 2026: nuevas prioridades
El equipo de gobierno trabaja ya en los presupuestos municipales de 2026, que Porras quiere aprobar en noviembre de 2025 para su entrada en vigor el 1 de enero.
El alcalde adelanta que una de las principales partidas se destinará a la creación de una nueva biblioteca municipal, “más grande y moderna”, y a continuar la renovación de servicios e infraestructuras locales.
La vivienda, el gran desafío
Porras reconoce que su “gran cruz” sigue siendo la falta de vivienda asequible en Griñón. Señala que el Ayuntamiento lleva años intentando poner en marcha promociones, pero las limitaciones legales lo han impedido hasta ahora.
No obstante, asegura que están trabajando en dos líneas paralelas: vivienda en alquiler y vivienda en venta, explorando las posibilidades que abre la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, que permite destinar suelo dotacional a viviendas de alquiler.
“El problema de la vivienda es prioritario para mi equipo. No sé cómo, pero lo vamos a sacar adelante en esta legislatura”, afirma el alcalde, quien insiste en que prefiere no generar expectativas hasta que los proyectos estén jurídicamente asegurados.