Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha culminado con la detención de siete personas acusadas de explotación laboral de ciudadanos extranjeros en varios call centers situados en Madrid y en Fuenlabrada.
La investigación, iniciada tras las primeras alertas sobre la existencia de centros que imponían condiciones laborales restrictivas de derechos, permitió detectar una red que operaba en hasta 15 establecimientos. En el dispositivo se localizaron 48 trabajadores, de los cuales 31 se encontraban en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
Según la investigación, los responsables de estas empresas habrían diseñado un sistema de trabajo basado en objetivos diarios de llamadas a particulares, utilizando guiones preestablecidos con el objetivo de cerrar contrataciones de productos o servicios. Para ello, los empleados eran sometidos a un control exhaustivo mediante rankings diarios de rendimiento.
Las autoridades han señalado la existencia de un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición en dichas clasificaciones. Entre las prácticas detectadas se incluían conductas humillantes como el lanzamiento de tartas a la cara de los trabajadores que ocupaban el último puesto, en presencia del resto de compañeros.
Los investigadores han constatado además que los empleados trabajaban en condiciones abusivas, con jornadas que excedían los límites legales, sin descansos reglamentarios, vacaciones ni garantías laborales básicas, y en muchos casos sin acceso a protección social o sanitaria.
A pesar de los intentos de los responsables de los centros por dificultar la actuación policial mediante el cambio de ubicaciones, el operativo permitió localizar los establecimientos tanto en la capital como en Fuenlabrada.
El pasado 10 de marzo se llevó a cabo la entrada y registro en los distintos call centers, tras lo cual fueron detenidas siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, quedando a disposición de la autoridad judicial.