La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de su futura Ley de Salud Pública que aumentará y mejorará la protección de la población, y que hará frente con mayores garantías a cualquier incidencia en el ámbito sanitario. El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha autorizado la publicación de la consulta pública de su anteproyecto en el Portal de Transparencia para recoger las aportaciones de ciudadanos y organizaciones a esta normativa autonómica.

Entre las mejoras de esta Ley destaca refuerzo de las acciones de vigilancia, prevención y promoción de la salud. También clarificará las competencias de la Administración madrileña y dará más confianza a los ciudadanos en la autoridad sanitaria.

El documento incide en los factores que repercuten en la aparición de enfermedades a lo largo de toda la vida de una persona: el entorno familiar y social; la calidad del aire, el agua y la comida; o el ejercicio físico.

Por ello, la futura Ley se asienta en pilares como la información y vigilancia epidemiológica; la protección a través del diseño de políticas específicas; la prevención de enfermedades; la protección de la salud ambiental; la seguridad alimentaria; el control de riesgos derivados del tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros; y la promoción y protección de la salud laboral.

Este anteproyecto contempla nuevas medidas y formas de organización en las prestaciones que, en este campo, lleva a cabo la sanidad pública: enfermedades transmisibles y no transmisibles, lesiones y accidentes y colectivos con necesidades especiales. También incluye iniciativas para optimizar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, ya que la prevención es más efectiva y mucho menos costosa que el tratamiento de la enfermedad.

La futura Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid tiene asimismo en cuenta la implicación de un amplio número de agentes que trabajan en su aplicación. Así, en la región intervienen políticas como la prevención en el entorno laboral, el desarrollo económico, la educación; las políticas sociales; el medio ambiente; el urbanismo, las políticas de vivienda; las de empleo; y las de promoción de la actividad física, el consumo y el comercio.