"Es la hora del desayuno", decretó Gabriel Rufián mientras veía cómo se iba vaciando el hemiciclo del Congreso de los Diputados en el mismo momento en el que se empezaba a debatir sobre un tema fundamental, la crisis de la vivienda en España. Según todas las encuestas, este frente es el que más preocupa a los ciudadanos, junto con la seguridad, sin embargo, no logra ser lo suficientemente 'punch' para que los dirigentes de este país se sienten a debatirlo, una vez más.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios, apoyándose en datos del INE, cerca del 63% de la población destina más del 30% de su salario a la vivienda. Además, en julio de este año, los precios subieron un 2,7% respecto al año 2024 según el IPC, mientras que la capacidad adquisitiva de las familias apenas crece anualmente. Según los datos recogidos por el propio Banco de España y por el Índice de Precios de la Vivienda, mientras la renta real ha crecido un 5% con respecto a 2019, primer año del Gobierno de Pedro Sánchez, el precio de los inmuebles ha crecido un 25%.
Uno de los principales aspectos que dificulta el acceso de vivienda es la escasez en la oferta. El Banco de España cifraba en 2024 un déficit de 600.000 viviendas, otros informes aseguran que se necesitaría construir entre 1,2 y y 2 millones de inmuebles en los próximos años para lograr equiparar la oferta con la demanda y, por ende, que los precios se regulen.
Sin embargo, las promotoras denuncian que, entre el exceso de burocracia para poder construir y la "falta de seguridad jurídica", cada vez son menos los proyectos par construir que se presentan en España. Esta inseguridad se deriva de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central, según la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), el intervencionismo en los precios no es una solución, además, haría poco rentables los proyectos; y los cambios que plantea serían un "ir hacia atrás" en materia habitacional.
APCE considera, además, que establecer un cupo de viviendas de régimen especial (de 30% al 40% en el suelo urbanizable, de 10% a 20% en suelo urbano no consolidado) debería no aplicarse a los proyectos en marcha, ya que "implicaría una modificación de la Ley del Suelo y se podría ver incrementado el precio de la vivienda libre".
A esto se le une que España está a la cola en vivienda pública. Mientras que en la Unión Europea el parque público de vivienda supone, de media, un 9%, en nuestro país apenas llega al 3,5%. Además, desde 2019 solo se han entregado 162.000 viviendas, aumentando el déficit en la oferta de inmuebles.