El Boletín Oficial del Estado vuelve a recordar al Gobierno central que la sanidad madrileña podría no ser tan mala opción como ellos la pintan, sobre todo por parte del Ministerio que dirige Mónica García. Con fecha del 27 de febrero de 2026, la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes renovó el contrato con la Comunidad de Madrid para el Sistema Operativo Sanitario (SOS) que atiende a altos cargos de La Moncloa, entre ellos, al propio presidente.
Tal y como refleja el documento, se otorga una partida de casi tres millones de euros al Gobierno regional (2.933.333,33 euros) para que, a través de dos pagos, costee todo lo relativo al SOS, material sanitario, fungible, complementario y de farmacia, el relativo a las ambulancias UCI móvil, medicalizadas y banalizadas, y una compensación económica por el gasto derivado de la prestación de servicios del personal sanitario. Así, para los gastos devengados del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2026, la partida es de 1.333.333,33 euros; y para 2027 es de 1.600.000,00 euros.
Por su parte, la Comunidad de Madrid es la que aporta los recursos humanos y técnicos, empezando por el equipo sanitario compuesto por personal del Sistema Madrileño de Salud (SERMAS), un directo del SOS, ocho médicos, nueve graduados en enfermería (uno de ellos será supervisor), y doce miembros de de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizarán asimismo las funciones de conductores de UVI móvil. Además, en función de las necesidades que se presenten puede recabarse la colaboración de otros especialistas, pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, seleccionados en calidad de consultores.
Uno de los aspectos más relevantes del documento es la integración de la red hospitalaria pública madrileña en este esquema de protección. El Hospital Universitario La Paz se consolida como el centro de referencia para estas funciones, garantizando una disponibilidad preferente en caso de requerirse ingresos hospitalarios o intervenciones de urgencia. Esta infraestructura permite que el personal médico asignado a la Presidencia trabaje de forma coordinada con especialistas de alto nivel, utilizando la tecnología y los recursos de la sanidad pública para blindar la salud de quienes ostentan las mayores responsabilidades del país.
Finalmente, el acuerdo establece las bases económicas y temporales que regirán esta relación durante los próximos años. La vigencia del convenio asegura la continuidad de un servicio esencial que, más allá de la atención médica convencional, responde a una necesidad de seguridad nacional. Al formalizar estos procedimientos, ambas administraciones garantizan que el sistema sanitario español sea capaz de responder con agilidad y discreción ante cualquier situación que afecte a la integridad física de los representantes del Estado y sus invitados internacionales.