Ana Dávila ha trasladado ante nuestras cámaras la última hora sobre el proceso de regularización extraordinaria tras la decisión del Tribunal Supremo de aplazar la vista al próximo 22 de mayo. Para la consejera, este retraso tiene una intención clara: “intuyo que es una petición de la Abogacía del Estado del Gobierno de España”, señalando al Ejecutivo como el principal interesado en dilatar el proceso para eclipsar las polémicas que afectan a Pedro Sánchez y a su entorno más cercano.
Para sustentar su tesis, la titular de Asuntos Sociales ha aportado un dato revelador: una de cada dos personas sin hogar “es un inmigrante”. Según Dávila, la radiografía social es preocupante porque “está aumentando la pobreza”, especialmente entre la población de origen extranjero; una realidad que, a su juicio, empeorará tras un proceso de regularización con el que se prevé la llegada de más de un millón de personas.
“No quieren que sepamos la verdad”, ha sentenciado la responsable de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, quien asegura que desde su departamento ya están trabajando en escenarios futuros porque "tenemos calado al Gobierno” y, por ello, “estamos haciendo nuestras predicciones”.
Dávila sostiene que una de las estrategias del Gobierno central consiste en “utilizar a las personas en situación de vulnerabilidad” para desviar la atención de los escándalos públicos y judiciales que les rodean. Esta maniobra serviría, además, para evitar el debate sobre la gestión de crisis recientes como el accidente ferroviario de Adamuz, las consecuencias de la DANA en Valencia o el trágico fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva.
No obstante, más allá del corto plazo, la consejera advierte de una hoja de ruta orientada a “generar personas vulnerables que dependan del Estado”. Este plan se ejecuta mediante subsidios que actúan como un “efecto llamada”, atrayendo a personas con “falsas expectativas” que terminan sumidas en una “pobreza sobrevenida”.
Asimismo, esta falta de recursos impacta directamente en las comunidades autónomas. Dávila ha recordado la infrafinanciación estructural que sufre Madrid bajo la gestión de Sánchez, especialmente en servicios críticos como la dependencia, donde el Estado acumula una deuda de 3.000 millones de euros. Según la Ley 39/2006, la Administración central debería cubrir el 50% del sistema, pero la consejera denuncia que solo financia el 27,9% del coste real.
Sin embargo, hay una pregunta latente detrás de cada denuncia: cómo es posible que el Partido Socialista siga obteniendo votos con este panorama. La consejera ha sido tajante: “actúa con la demagogia y en cómo modificar los pensamientos y generar uno alterado”. Recuerda, además, que el propio José Luis Rodríguez Zapatero ya advirtió que “les funcionaba muy bien el ruido”.
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