La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y su exconcejala de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras durante los años 2016 y 2017. 

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este medio, ambos responsables municipales habrían abusado de la figura del contrato menor de servicios, utilizándolo en más del 50% de las contrataciones del Ayuntamiento. Aprovechando que este tipo de contratos no requiere un proceso público de licitación, el Ministerio Público sostiene que eludieron de forma intencionada la normativa vigente, vulnerando los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato en la contratación pública.

Así mismo, la Fiscalía detalla que los acusados aprobaron contratos menores que, en muchos casos, superaban el límite legal permitido, recurriendo al fraccionamiento de facturas para eludir la normativa. Esta práctica habría beneficiado a determinadas empresas, en detrimento de la libre concurrencia.

Entre los ejemplos citados, se encuentran contratos para el mantenimiento de edificios públicos, zonas ajardinadas, suministro de material de ferretería, campañas de publicidad y alquiler de equipos de sonido. En todos los casos, las facturas se tramitaron de forma independiente, aunque respondían a un mismo objeto y beneficiaban a las mismas empresas o personas.

El escrito subraya que, en varias ocasiones, el Vicesecretario Interventor del Ayuntamiento advirtió por escrito sobre la ilegalidad de estas prácticas, pero tanto el alcalde como la concejala resolvieron levantar los reparos y continuar con los pagos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa, solicitando para ambos acusados la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en cualquier corporación local. Además, se solicita la imposición de las costas procesales.

Para el juicio oral, el Ministerio Fiscal propone la declaración de los acusados, testigos, peritos y la aportación de documentación. Asimismo, se abre la puerta a un posible acuerdo de conformidad entre las partes, conforme al protocolo vigente.