El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha condenado las dos reuniones bilaterales con la Generalitat de Cataluña y el Gobierno del País Vasco para pactar nuevas cesiones. El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, ha señalado esto como otra de las maniobras de Pedro Sánchez para "mantenerse en La Moncloa y para pagar la factura que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat", unos "peajes" que "pagaremos todos y cada uno de los españoles".
Para García Martín, los ciudadanos son los que harán de "caja pagadora" del presidente. En concreto, desde el Gobierno regional han calculado que los pactos con Cataluña podrán costar más de 2.000 euros a los madrileños. "El cuponazo de Sánchez, no nos engañemos, se va a sufragar con más impuestos", sostiene el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local en la Comunidad de Madrid, quien ha recordado que los acuerdos con la Generalitat "son ilegales, son inconstitucionales".
En este sentido, el portavoz ha denunciado que ambas reuniones también están sirviendo como cortina de humo para "tapar la presunta corrupción y la presunta financiación ilegal del PSOE". No obstante, el consejero confía en todos los españoles saben que tanto el "cuponazo" como la presunta financiación irregular del Partido Socialista tienen un denominador común, "Pedro Sánchez".
Otro de los puntos que ha mencionado García Martín es la alerta que ha mandado la Comisión Europea en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la Ley de Amnistía aprobada y avalada por el Constitucional. Desde Bruselas advirtieron que este decreto podría no obedecer al interés general, además de haber generado una "profunda" división social. También conideraban que respondía a un acuerdo de investidura del Gobierno de España y que "es una suerte de autoamnistía que fue redactada por aquellos que se saltaron la ley". "Dicho de otro modo, la Ley de Amnistía es corrupción de Estado", recuerda García Martín.