La Asamblea de Madrid continúa inmersa en la búsqueda de una 'fórmula mágica' que logre frenar la crisis habitacional en la región; una tarea que, hasta el momento, parece inalcanzable ante la falta de medidas eficaces sobre la mesa. En declaraciones recientes, el diputado de Más Madrid, Jorge Moruno, ha denunciado que la escalada de precios no cesa, consolidando a Madrid como la comunidad con el mercado inmobiliario más tensionado de España.

Para la oposición, las propuestas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están lejos de ofrecer soluciones reales. Moruno califica las iniciativas del Ejecutivo regional como medidas "humo" diseñadas, a su juicio, para "blindar" el negocio inmobiliario, priorizando la vivienda como un activo de mercado en lugar de como un derecho fundamental.

El epicentro del conflicto parlamentario se ha situado esta vez en la enmienda a la totalidad presentada por Más Madrid a la Ley de Medidas Urgentes para ampliar la oferta de vivienda. Esta norma, impulsada por el Partido Popular, adolece —según el diputado— de una carencia crítica: no garantiza que las viviendas protegidas mantengan su blindaje de forma permanente, permitiendo que pierdan dicha protección a los quince años.

En su intervención ante el consejero, Moruno ha advertido sobre las consecuencias directas de esta desprotección temporal: un escenario que facilita la entrada de grandes fondos buitre, como Blackstone, que terminan adquiriendo edificios enteros y agravando la vulnerabilidad de los inquilinos.

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