Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que quiere sacar adelante el Ministerio de Sanidad. Un texto que, según Mónica García, pretende blindar la sanidad pública, aunque para la presidenta de la Comunidad de Madrid supone una nueva "obsesión" más de la ministra por "acabar con la sanidad" de la región. 

"Amenazando, mintiendo e imponiendo". Así considera la líder madrileña que llegará la norma de Sanidad, en un contexto donde Madrid no para de crecer en número de habitantes y, además, debe enfrentar el reto demográfico del envejecimiento. Además, Ayuso recuerda que no es esta la región donde hay más conciertos privados, sino que miren Cataluña.

La jefa del Ejecutivo regional augura que dicha ley de Mónica García no va a salir adelante. No obstante, reconoce que el "mensaje ya está metido", el "daño ya está hecho". "Esta es una región de libertad, de colaboración público-privada, de excelencia", remarca Ayuso, insistiendo en que el Gobierno central debe respetar el modelo de gestión que eligieron los madrileños en las urnas. 

"Blindaje" de la sanidad pública

La aprobación del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud marca un punto de inflexión en la política sanitaria española. Esta norma no es solo un cambio administrativo; es una declaración de intenciones que busca devolver al Estado el control absoluto de las prestaciones sanitarias. 

El texto recoge, entre varias medidas, la derogación de la Ley 15/1997 que permitía que empresas privadas gestionaran hospitales y centros públicos bajo varias formas de colaboración con las administraciones. Eliminada dicha norma, se suprime también la base legal que facilitó la entrada del capital privado a la sanidad.

Por otro lado, se pretende crear un ecosistema de control para evitar irregularidades, imponiendo auditorías y exigiendo a las regiones una justificación técnica y económica antes de derivar servicios a la sanidad privada. Es decir, la Comunidad de Madrid tendrá que demostrar por qué la red pública no puede asumir la carga de trabajo antes de externalizarla. 

Aunque la ley no puede anular contratos vigentes de la noche a la mañana, pues se tendría que hacer frente a  indemnizaciones millonarias, sí establece la hoja de ruta para la reversión. Cuando un contrato con una gestora privada expire, la inercia legal obligará a la administración a recuperar ese servicio para el sector público, priorizando siempre la calidad asistencial sobre el beneficio empresarial.