Hoy la Comunidad de Madrid, a través del consejero de Justicia, ha vuelto a cargar contra la Ley de Eficiencia aprobada por el Ministerio de Félix Bolaños. Miguel Ángel García Martín tilda la norma de "engaño" y asegura que ha encarecido el acceso al servicio por parte de los ciudadanos.

El también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recordado que la aplicación de esta "mal llamada" Ley de Eficiencia está teniendo un coste muy elevado para las autonomías con competencias en este asunto. "De hecho, solamente en personal van más de siete millones de euros", incide el consejero, a lo que se suman las adaptaciones de las sedes, el apoyo tecnológico y otros frentes necesarios.

Asimismo, García Martín sostiene algo que ha repetido en los últimos meses: la necesidad de haber implementado la norma con un plan de financiación elaborado por parte del Ministerio, además de un calendario razonable de implantación para que no hubiera sido "caótica".