El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha enviado un mensaje directo al ministro Félix Bolaños: es imperativo dotar de recursos suficientes al sistema judicial de las autonomías con competencias transferidas. Según el consejero, el "déficit" de personal actual está comprometiendo gravemente el funcionamiento de la Justicia en la región, una advertencia respaldada por un informe técnico detallado.

El documento revela cifras que evidencian la presión estructural que soporta la infraestructura judicial madrileña. Actualmente, la región cuenta con 732 jueces y magistrados en activo, lo que supone una ratio de "10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, por debajo de la media nacional, y muy por debajo de los estándares europeos".

Ante esta realidad, las necesidades de ampliación son urgentes:

• A corto plazo: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha solicitado la cobertura de 142 nuevas plazas.
• A medio plazo: Se estima que en los próximos cinco años será necesario cubrir más de 350 vacantes.

García Martín subraya que la precariedad no se limita a la judicatura. "La situación de los fiscales no es mejor, y la de los funcionarios es también muy preocupante", señala. El análisis del cuerpo de funcionarios arroja datos alarmantes: de las 7.811 plazas existentes en la Comunidad, más de 3.000 carecen de titular, lo que eleva la tasa de interinidad al 38%.

A este escenario se suman las más de 400 jubilaciones recientes y las que se prevén de forma inminente. El consejero denuncia que la inacción del Ministerio de Justicia agrava el problema. "Esto hace que cada año, en la Comunidad de Madrid, tengamos que nombrar más de 1.500 funcionarios interinos porque el Ministerio no saca las convocatorias de plazas en un número suficiente para poder cubrirlas".

Para el Ejecutivo regional, esta "insuficiencia de medios" no es fruto de la casualidad o de una gestión ineficiente, sino que responde a una voluntad política. El consejero concluye con una dura acusación, afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez busca proyectar una Justicia "maniatada y sumisa".