La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, al considerarlo arbitrario, ir contra la seguridad jurídica, haber sido elaborado sin ningún tipo de negociación o consenso y atacar las competencias en esta materia de las Comunidades Autónomas.
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, además, limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española.
El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica. Sin embargo, este Real Decreto, según el Ejecutivo autonómico, supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta.
La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas. Asimismo, el proyecto ha sido tramitado con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas.
El procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados. Además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que está trabajando la Consejería de Educación incorporará mejoras a estos trámites, siempre en el marco de las competencias regionales.