El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto para reforzar el Sistema Público de Servicios, desarrollando así la Ley de Servicios Sociales regional para tener una distribución equilibrada de los recursos, promover la igualdad en el acceso de todos los madrileños y facilitar la libertad de elección.

Con esta norma se busca favorecer la integración, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia familiar y el bienestar frente a las necesidades originadas por situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desamparo, dependencia, urgencia o emergencia. En su elaboración han participado las distintas administraciones integradas en la red de atención social. El nuevo Mapa de Servicios Sociales también verá la luz a través de la configuración de la red de centros y servicios recogidos en el catálogo de prestaciones. En él se tendrá en cuenta la distribución regional para garantizar la atención, independientemente del lugar de residencia del usuario.

Con este Decreto son ya tres los desarrollos reglamentarios de la Ley desde su aprobación en diciembre de 2022. El primero de ellos fue el decreto que regula la Historia Social Única, un proyecto que supone la transformación digital del sistema público y que ha contado con un presupuesto de 32 millones de euros para la ejecución de su fase inicial. Así, se está completando con la regulación del acceso para los profesionales, ahora en tramitación.

El segundo de los hitos, tan solo medio año después, fue la aprobación de la Cartera de Servicios Sociales, que reúne todas las prestaciones del sistema público. En breve se publicará su segunda actualización anual. Si en 2023 la Cartera incluía 121 prestaciones, en 2025 se amplían a 134 y se añaden otras de carácter social de áreas como Sanidad, Educación, Vivienda y Empleo, así como otras ayudas, como las bonificaciones en la tarifa del agua ofrecidas por el Canal de Isabel II.