Sigue caldeándose el ambiente entre los jueces y el Gobierno de España. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) a pesar de los numerosos mensajes en contra recibidos por personalidades relevantes dentro del sistema judicial. Con esta modificación estructural del texto, sería la primera vez que un Ejecutivo cambia la norma casi por completo, abriendo la puerta a varias sospechas sobre una posible intención de controlar los procesos penales por parte del equipo de Pedro Sánchez.

Así, dentro de los puntos fundamentales que recoge la modificación de la Ley, la cual se aplicaría a partir de 2028 si resultase finalmente aprobada por las mayorías que requiere, se encuentra la transferencia de la instrucción penal de jueces (los conocidos como jueces de instrucción) a los fiscales, es decir, los magistrados dejarán de llevar a cabo las investigaciones en procesos penales (los relacionados con delitos de corrupción, por ejemplo, como el Caso Koldo), dejándola en manos de la Fiscalía General del Estado y, a su vez, del propio Gobierno de España.

Otro aspecto fundamental es que se desvincula el mandato del fiscal general del Estado, en la actualidad un cargo que ocupa Álvaro García Ortiz, de la duración de la legislatura, alargándolo a cinco años. También se restringe la denominada acusación popular, limitando su ejercicio a entidades con un vínculo legítimo en el caso, sin la posibilidad de participación de partidos políticos, sindicatos o administraciones públicas. 

Este último aspecto ha generado controversia, ya que muchos partidos están personados en causas judiciales, incluso el propio Partido Socialista, personado en procesos como la investigación a Alberto González Amador (Alberto "Quirón"). Además, se coarta la participación ciudadana en procedimientos penales, dificultando que puedan denunciar casos de corrupción o delitos cometidos por altos cargos al no poder ejercer de acusación directamente. Y, a más inri, al delimitar esta participación, más poder recae sobre la Fiscalía, desde donde dirigirán la instrucción penal y decidirán qué casos se llevan a juicio y cuáles podrían caer en el olvido. 

El propio Consejo General del Poder Judicial advirtió en un estudio que, para llevar a cabo esta reforma, se necesitaba dotar de medios a la Fiscalía para garantizar su independencia hacia el Ministerio. Un fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se ha pronunciado recientemente asegurando que tenía una "preocupación enorme" con los cambios planteados por el Gobierno, considerando que la independencia judicial está en riesgo.