La Comunidad de Madrid está trabajando en su primera Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (IA) para garantizar un uso ético de esta tecnología. En concreto, el Consejo de Gobierno ha autorizado la publicación, en el Portal de Transparencia, de la consulta pública relativa al anteproyecto de Ley, lo que supone el primer paso en su tramitación antes de la redacción definitiva del texto.

El objetivo de esta futura norma pionera es regular los servicios públicos digitales y la relación de estos con el ciudadano, a través de medios y canales electrónicos, como los sistemas de identificación y firma electrónica, los registros administrativos o el archivo electrónico único. En este sentido, se introduce Cuenta Digital, la plataforma que permite a los madrileños acceder a más de 170 servicios desde cualquier dispositivo, como canal central de comunicación entre ambas partes.

El texto también establecerá el uso de la IA en el ámbito de la Administración autonómica y recogerá las garantías de los ciudadanos cuando los servicios públicos de la región utilicen esta tecnología. Asimismo, busca fomentar el desarrollo responsable y ético de esta herramienta, la competitividad del tejido empresarial y favorecer la colaboración entre el sector público-privado, y en el científico.

La futura Ley se adaptará al nuevo reglamento europeo y se integrará en la Estrategia de Digitalización 2023/26, consolidando a la región como entorno confiable, innovador y competitivo para el despliegue de tecnologías de vanguardia.

Además, servirá de marco de desarrollo para la innovación y el crecimiento económico, apostando por la implantación de soluciones de IA en sectores estratégicos como la salud, la educación o la movilidad, y apoyando a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de digitalización.

También establecerá los principios generales para el uso de la IA en el sector público, los mecanismos de control y seguimiento, y los procedimientos administrativos para su puesta en marcha. Igualmente, incorporará medidas para garantizar la transparencia de los algoritmos, la protección de los datos personales y la supervisión ética de los sistemas automatizados, así como iniciativas de formación y capacitación digital de empleados públicos, estudiantes y profesionales, para reducir la brecha tecnológica entre la población.