El ambiente se recrudece entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. En el centro de la última polémica se sitúa el registro de médicos objetores de conciencia para practicar el aborto. “Parece que el presidente Sánchez está persiguiendo la libertad de conciencia y en la Comunidad de Madrid decimos que no nos da la gana someternos a lo que diga un Gobierno sectario”. Tal cual lo ha espetado el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, aclarando que el Ejecutivo regional se niega a “hacer listas negras”. “No se puede perseguir a nadie por hacer un aborto, pero tampoco por decidir no hacerlo”, dice Carlos Díaz-Pache, refiriéndose “tanto a los profesionales como a las mujeres”.
“¿Para qué quieren una lista negra de médicos si no la van a utilizar?”, se pregunta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya ha vencido el plazo establecido por el Gobierno central, pero Ayuso aún no ha entregado el registro de objetores al aborto solicitado porque se niega a “estigmatizar a los sanitarios por obrar en base a su conciencia”. La presidenta regional se muestra decidida a dejar la decisión en manos de un tribunal y “no de un Gobierno que redacta las leyes de manera furibunda”. Pache respalda a Isabel Díaz Ayuso y sostiene que “si hay que entregar un listado de médicos objetores, tendrá que ser un tribunal el que diga que hay que hacerlo de esa manera”.
El portavoz de los populares madrileños insiste en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a defender un aborto “legal, seguro y poco frecuente” tanto como “el derecho constitucional a la objeción de conciencia”. Al mismo tiempo acusa a Pedro Sánchez de “invadir todas las competencias y de imponer a todo el mundo lo que tiene que hacer”. “Hay que defender la libertad ideológica, religiosa y de culto porque así lo recoge nuestra Constitución”, señala Ayuso, acusando al Gobierno central de manifestar “respuestas sectarias, a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos como el de conciencia”.
La ministra de Sanidad ha adelantado que el Ejecutivo central ha “solicitado a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo”. Mónica García señala al Gobierno de Ayuso por poner “en jaque el derecho al aborto, desobedeciendo la ley y desoyendo al Tribunal Constitucional que ampara a los propios objetores, mientras envía al 99% de las mujeres a abortar en la privada”. Sin embargo, Carlos Díaz-Pache recomienda a la ministra “que escuche más a esos médicos que la llaman traidora y que dicen que antes defendía su causa y ahora ha dejado de hacerlo”. El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid cree tener un diagnóstico para Mónica García: “se le ha hecho grande la gestión y pequeña la pancarta”.