La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central para que evalúe el coste real de la aplicación de su Ley de Eficiencia de la Justicia y dote a las comunidades autónomas de la financiación necesaria. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy el informe de la Abogacía General que avala esta acción legal.

El Ejecutivo regional presentó un requerimiento al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de abril por la falta de financiación y desarrollo de la norma. Ha sido desestimado, por lo que ha interpuso el recurso contencioso administrativo en vía judicial el pasado 16 de mayo.

En palabras del Gobierno regional, el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas. Esta obligación resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas medidas para sufragar y compensar esos costes.

Se trata de una Ley que, además, se ha aprobado sin contar con el Poder Judicial y sin las CCAA con las competencias en la materia transferidas que deben implantarla.

Sólo en el caso de la Comunidad de Madrid, el coste en el primer año de la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia supondrá 44 millones de euros para sus arcas públicas, de los cuales casi la mitad se consolidarán en los ejercicios siguientes.

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