El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha elevado el tono contra el Gobierno central tras las informaciones publicadas en los últimos días que apuntan a presiones sobre altos mandos de la Guardia Civil. Según publicó el ABC, se habría intentado coaccionar a un general del cuerpo con el objetivo de boicotear los actos institucionales del Dos de Mayo, festividad oficial de la Comunidad de Madrid.
"Gravedad extraordinaria"
Para los populares, los hechos revisten una "extraordinaria gravedad" y exigen un esclarecimiento inmediato. En un comunicado oficial, el grupo parlamentario ha expresado su respaldo incondicional al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a los efectivos de la Guardia Civil, al tiempo que ha criticado duramente a la actual cúpula del cuerpo, calificando su dirección de "indigna".
Desde el PP han enmarcado este episodio en una supuesta estrategia de erosión de la neutralidad institucional. "El Gobierno central está vulnerando el principio de neutralidad institucional, comprometiendo gravemente la separación de poderes y destruyendo la confianza de los ciudadanos", señalan en el documento, donde advierten que este escenario sitúa al sistema democrático de 1978 ante un terreno "extremadamente peligroso".
El grupo parlamentario ha recordado episodios previos que, a su juicio, refuerzan esta tesis, como la condena al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados, y el veto al tradicional desfile militar durante los actos del Dos de Mayo.
Exigencia de ceses
Ante esta situación, el PP ha realizado un llamamiento al resto de grupos de la Asamblea de Madrid para que se posicionen de manera inequívoca. Entre sus demandas, exigen el apoyo institucional cerrado a la Comunidad de Madrid frente a lo que consideran un intento de usar recursos públicos en su contra.
También piden la restitución del papel de las Fuerzas Armadas en los actos oficiales del Dos de Mayo, revirtiendo el veto impuesto en anteriores ediciones, y la dimisión o el cese inmediato de los máximos responsables políticos del área, señalando directamente a la directora general de la Guardia Civil y al ministro del Interior.