La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará alegaciones al Real Decreto del Ministerio de Justicia por el que se crearán nuevas plazas de jueces este mismo año, de las cuales 69 irán para reforzar la plantilla de nuestra región. En palabras del consejero del área, Miguel Ángel García Martín, dichas vacantes son "insuficientes", el modo de provisión de las mismas es "inadecuado" y el presupuesto es "insuficiente".

Así es, "Insuficiente" es la palabra que define el proyecto del Ministerio de Félix Bolaños, según las voces más críticas. El Consejo General del Poder Judicial ya advirtió del déficit estructural que sufre la Justicia, calculando que se necesitaban más de 500 plazas en 2025 para que el sistema no se hundiera, y el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto asegurando que esta creación de plazas "no aborda ni resuelve el problema de fondo".

La presidenta del Alto Tribunal, Isabel Perelló, asegura que el Ministerio está empleando el nuevo modelo de Tribunales de Instancia para crear plazas "baratas", pero que, sin personal auxiliar y sin una convocatoria de oposiciones masiva y transparente, el refuerzo de Madrid será puramente estético. Algo que confirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, asegurando que la región necesita más de cien puestos en tan solo un año para cubrir las deficiencias.

Desde la Comunidad de Madrid han recopilado los requerimientos de los profesionales en sus alegatos, y han añadido otro más, el temor a que Bolaños intente "meter" jueces "por la puerta de atrás", porque, según García Martín, el ministro ha intentado en varias ocasiones silenciar a magistrados por su ideología, mientras coloca a los que considera más afines "a sus propios intereses". Por ello, la región exige que dichos jueces se designen bajo los criterios de oposición libre, "bajo los criterios de mérito y capacidad que recoge la propia Constitución". 

El último frente que abordan desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es la financiación. Parece que el proyecto es "humo", ya que no cuenta con una memoria económica y, por ende, con un presupuesto para poder llevarlo a cabo.