El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto para condonar la deuda a las Comunidades Autónomas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de volver a exponer los puntos fundamentales de la ley, reconociendo que esta era una exigencia de Esquerra Republicana para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pero que ellos han sido capaces de trasladar el beneficio a todas las regiones de España.
La formalización del proyecto choca directamente con unas declaraciones que hizo la propia vicepresidenta primera en una entrevista con La Ser en 2023. En ella, Montero aseguró que el Partido Popular "se inventa lo de la condonación de la deuda a Cataluña". Así mismo, la medida contradice una de las defensas que protagonizó la ministra durante su paso por el parlamento de Andalucía en 2018, donde denunció que Montoro, ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, "no puede pretender que, vía reestructuración de deuda o condonación, se pueda sustituir el debate. Por mucho que se beneficiara o no Andalucía.".
Ahora, el proyecto está sobre la mesa y ha sido la aludida la que ha desgranado los aspectos fundamentales del mismo, defendiendo que es una medida "histórica" que beneficiará a todas las regiones, "tengan deuda o no con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico)". Además, Montero ha asegurado que los territorios podrán "reducir su carga financiera y recuperar autonomía", ya que estos recursos se podrán emplear en gasto social, es decir, se podrán invertir en sanidad, educación o en la crisis de la vivienda.
En este sentido, con esta aprobación, el Estado asumirá un total de 83.252 millones de euros, casi el 20% de la deuda total de las autonomías. "Estamos hablando de un ahorro, en materia de intereses de Comunidades Autónomas, de entre 6.600 y 6.700 millones de euros", sostiene la ministra, insistiendo en que ese dinero lo podrán reinvertir en otras áreas.
El segundo objetivo que persigue la norma es que aquellas regiones que no sean solventes para acudir a los mercados financiaros por el estado de su deuda, puedan colocarse en la línea de salida y acudir a dichos mercados. Para los territorios que sí mantengan esa manera común de "pedir dinero", lo mantengan.
El último aspecto fundamental que contempla la ley es acabar con la desigualdad territorial, consecuencia del modelo de financiación vigente hasta la fecha. Es decir, aquellas regiones que estén infrafinanciadas y hayan tenido que sobre endeudarse para mantener los servicios, tendrán un reconocimiento especial.