La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) denuncia públicamente la discriminación "reiterada y sistemática" que están sufriendo las personas con movilidad reducida por parte de Cabify, empresa que opera en la Comunidad de Madrid bajo la modalidad de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

Al parecer, en las últimas semanas, la Federación ha recibido numerosas quejas de usuarios de sillas de ruedas que, pese a reservar sus vehículos con hasta cinco horas de antelación, ven cancelados o ignorados sus servicios. Y es que, para el presidente de la organización, Javier Font, “no estamos ante un problema puntual, sino ante un modelo de negocio que relega a las personas con discapacidad a un servicio residual, precario y sin garantías”.

Así lo ha manifestado el líder de FAMMA señalando también a la Consejería de Transportes, desde donde "no pueden seguir amparándose en la autorregulación de las plataformas ni en compromisos voluntarios". Para la Federación, la accesibilidad no puede depender de buenas voluntades ni de un algoritmo, sino que debería ser una "obligación legal" que debe recogerse en una regulación firme y exigible. 

En este sentido, cabe destacar que la empresa Cabify asegura disponer de unos 50 vehículos accesibles para personas con movilidad reducida, sin embargo, desde FAMMA dudan de esta cifra porque, de ser así, "no se produciría el actual colapso del servicio", además de una posible vulneración de derechos.

Así es, según la organización, estas prácticas podrían estar actuando contra varios textos legales, desde la Ley General de derechos de las personas con discapacidad hasta la propia Constitución Española, en sus artículos 14 y 49. El primero establece la prohibición de toda discriminación, incluida la basada en la discapacidad; y en el segundo, recoge la obligación de todos los poderes públicos a garantizar la plena autonomía personal e inclusión social. 

Por todo ello, desde FAMMA exigen a la Consejería la apertura de expediente sancionador, la verificación real del número de vehículos accesibles en servicio, el cumplimiento estricto de las obligaciones de accesibilidad y, en su caso, la retirada o revisión de las autorizaciones si se confirma el incumplimiento.