El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a investigar a una gran empresa gestora de tickets por presuntas irregularidades en el proceso de venta online de entradas para los conciertos en España de un conocido artista internacional. La investigación se inicia después de que Consumo haya recibido denuncias presentadas por asociaciones de consumidores que alertaban del cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra online, referidos a conceptos que habrían sido aplicados sin la debida transparencia, información previa suficiente o justificación adecuada. De confirmarse, estos hechos podrían suponer un incumplimiento de la normativa de protección de las personas consumidoras.
Esta investigación se incorpora a un expediente informativo que el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy mantiene abierto, a través de la Dirección General de Consumo, a varias empresas dedicadas a la venta online de entradas para conciertos y otro tipo de actividades. En el marco de este expediente, Consumo está recabando datos y documentación para determinar si los cargos adicionales que se imponen en el proceso de contratación a distancia de entradas son conformes a las exigencias legales de claridad, justificación y proporcionalidad.
Estas exigencias quedaron recogidas en una nota informativa que el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy publicó en julio de 2024 y que se dirigió a empresas del sector. En este documento, Consumo advertía sobre los requisitos que deben cumplir en la aplicación de recargos y otros gastos de gestión en la venta online de entradas y de la necesidad de evitar prácticas abusivas.
Esta misma semana, el ministro Bustinduy ha anunciado diversas novedades normativas que ha impulsado para reforzar esta línea de actuación de protección a las personas consumidoras en el entorno digital, y que garantice sus derechos. En lo referido a la venta online de entradas, el titular de Consumo explicó que se va a incluir de forma expresa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores que estas empresas están obligadas a informar desde el principio a los usuarios cuál es el precio final y definitivo de las entradas, incluyendo los gastos de gestión, con el objetivo de evitar precios desagregados y engañosos.
Esta obligación entrará en vigor con la próxima aprobación de la Ley SAC (Ley de Servicios de Atención a la Clientela), actualmente en fase de tramitación parlamentaria, y a cuyo texto se ha incorporado esta novedad a través de una enmienda registrada en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE. Además, se han incorporado otras enmiendas impulsadas por Consumo para regular otras materias como bloquear las llamadas comerciales no solicitadas, poner coto a las reseñas falsas en plataformas online o evitar la renovación automática de suscripciones online.