Tras numerosas sanciones por parte de la Unión Europea sobre la pobre recuperación de los residuos municipales en España, por fin el Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva Ley de residuos que se adapta a las normativas europeas y que fue apoyada por todos lo partidos de la Cámara baja con excepción de VOX y dos partidos catalanes que votaron en contra y el PP, que se abstuvo. Pero ¿en qué va a cambiar nuestro día a día esta nueva ley?
Agua gratis en hostelería
A partir de ahora los establecimientos de hostelería y restauración tendrán la obligación de ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento. Una medida que ya se llevaba a cabo en algunos bares y restaurantes pero que ahora es obligatoria.
Reducción de los plásticos de un solo uso
La ley adapta la normativa europea sobre los plásticos de un solo uso que afecta especialmente a las pajitas, cubertería, bastoncillos de algodón, agitadores de bebidas, y los palitos de los globos que, a partir de ahora, tendrán que estar fabricados con materiales alternativos. Los vasos y recipientes destinados a contener alimentos para el consumo inmediato tendrán que reducirse en un 50% para el 2026 y un 70% para el 2030.
España pretende ponerse en los mismos objetivos de la Unión Europea de conseguir lograr un reciclado del 50% de los residuos municipales para 2022
Además, a partir de 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie superior a los 400m2 tendrán que destinar el 20% de su superficie a productos sin embalaje primario y deberán ofrecerlos en venta a granel o con envases reutilizables. Asimismo, deberán permitir a sus usuarios utilizar sus propios envases para la adquisición de los productos.
Los plásticos que no sean reciclables deberán pagar un impuesto adicional.
Nuevas metas en el reciclado
Con esta nueva ley, España pretende ponerse en los mismos objetivos de la Unión Europea de conseguir lograr un reciclado del 50% de los residuos municipales para 2022. En 2025 tendrá que ser de un 55%, en 2030, un 60% y en el 2035, un 65%.
Se obliga a que las localidades con más de 5.000 habitantes instalen un sistema de recogida selectiva antes del 30 de junio de 2022 que diferencie entre textiles, aceites de cocina y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. Además, los ayuntamientos deberán aprobar ordenanzas con tasas diferenciadas que tengan en cuenta el coste real de la gestión de residuos. Se establece también un impuesto al depósito de residuos en el vertedero y en incineración para fomentar la máxima recuperación.