La operación desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha hecho caer a Antxón Alonso, empresario vasco vinculado a la empresa Servinabar, apenas un día después del arresto de Leire Díez, exmilitante del PSOE. Ambos han sido detenidos en el marco de una investigación dirigida desde la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.
La "redada", que también ha supuesto el arresto del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, se centra en esclarecer si existió una estructura organizada que habría influido en procesos de contratación pública mediante contactos políticos, intermediación irregular y presuntas contrapartidas económicas.
Así, la detención de Antxón Alonso se ha producido en Vizcaya. Alonso, administrador de Servinabar y figura que ya estaba siendo investigada por posibles vínculos con el llamado “Caso Koldo”, se convierte ahora en un objetivo directo de esta nueva línea de pesquisa.
Los investigadores consideran que Alonso podría haber tenido un papel clave en la gestión de contratos públicos a través de empresas relacionadas con administraciones del Estado. Su detención supone un salto cualitativo en el avance de la investigación, hasta ahora centrada sobre todo en perfiles políticos y administrativos.
Leire Díez: del engranaje interno del PSOE a detenida en la operación
La detención de Leire Díez, producida ayer en Madrid, fue la primera señal de que la investigación entraba en una fase operativa. Díez, que en el pasado tuvo responsabilidades internas en el PSOE, aunque ahora desde el partido intenten desentenderse, y trabajó en entornos de comunicación institucional, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y posibles gestiones irregulares en la tramitación de adjudicaciones públicas.
Su nombre comenzó a aparecer en informes previos de la Guardia Civil como presunta intermediaria en procesos administrativos en los que podrían haberse producido irregularidades.
El papel del expresidente de la SEPI
La operación también ha derivado en la detención de Vicente Fernández, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su arresto apunta a una posible relación entre decisiones adoptadas cuando estuvo al frente del organismo y las actividades de la red investigada. La Guardia Civil trata de determinar si pudo haber intervenido o facilitado adjudicaciones bajo sospecha durante o después de su etapa en el sector público.
Ahora, la investigación permanece bajo secreto de sumario, pero sí se ha confirmado que la Guardia Civil está llevando a cabo múltiples registros en domicilios, oficinas y sedes de empresas vinculadas a los detenidos. La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los tres detenidos permanecerán en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial, prevista para los próximos días. Será entonces cuando el juez determine posibles medidas cautelares.