La Comunidad de Madrid da un paso decisivo en su política habitacional. Esta semana, el Ejecutivo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso ratificará la nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, una normativa que nace con la ambición de levantar 18.000 nuevos inmuebles en los próximos cuatro años. El texto, que ya fue adelantado el pasado mes de noviembre, pretende atacar directamente el problema de la oferta, agilizando plazos y optimizando el suelo ya disponible.
Uno de los puntos más disruptivos de la ley es la apuesta por la "densificación" urbana sin necesidad de consumir nuevo suelo. Para ello, el Gobierno regional permitirá incrementar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en las promociones. Esto permitirá aumentar el número de pisos dentro de un mismo proyecto, adaptando el ritmo constructivo a la presión real de la demanda.
Asimismo, la normativa contempla la reconversión de usos de suelo. Se facilitará la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada originalmente destinadas a alojamientos hoteleros, una medida que busca dar salida a suelos infrautilizados hacia el mercado residencial.
Entre los hitos destacados por la administración autonómica se encuentran:
- Plan VIVE: Este programa de colaboración público-privada ya ha entregado 5.300 casas de alquiler asequible en veinte municipios. La previsión es sumar 3.200 inmuebles más este año, con el objetivo de alcanzar las 14.000 viviendas en 2027.
- Reconversión de oficinas: Madrid se ha consolidado como pionera en el cambio legal para transformar locales de oficinas en viviendas de alquiler, una medida que en un solo año ha inyectado 8.000 nuevas unidades al mercado.
- Vivienda Social: Para 2026, la inversión en vivienda social crecerá un 24%, con la meta de entregar 700 de las 2.100 casas previstas en esta legislatura para familias en situación de vulnerabilidad.
Fomento del acceso joven y avales hipotecarios
El paquete de medidas no solo se centra en la construcción, sino también en la financiación y la fiscalidad. En este sentido, el programa "Mi Primera Vivienda" se refuerza elevando hasta los 425.000 euros el importe máximo del inmueble para poder optar a una financiación hipotecaria del 100%.
Además, la Comunidad ha ampliado de 40 a 50 años el límite de edad para acceder a los avales públicos para hipotecas, una iniciativa dotada con 25 millones de euros que busca paliar la falta de ahorro previo entre las familias de mediana edad.
"La prioridad desde 2019 ha sido facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para los jóvenes y las familias", señalan desde la Puerta del Sol, recordando que se han aprobado hasta 14 rebajas fiscales vinculadas a la vivienda en los últimos cinco años.
Apoyo a colectivos específicos
La nueva etapa legislativa también recupera figuras jurídicas como el arrendamiento con opción a compra y establece ayudas específicas para familias numerosas y monoparentales. En el ámbito rural, se impulsarán medidas para aumentar la oferta de alquiler en pequeños municipios, buscando combatir la despoblación y equilibrar el mercado inmobiliario en toda la geografía regional.