El municipio es la administración más cercana al ciudadano. En cada servicio, en cada calle y en cada barrio, se refleja el compromiso de los ayuntamientos con la gestión responsable, la sostenibilidad y el bienestar común. Por ello, desde el Partido Popular de Ciempozuelos, recuerdan que "las decisiones que afectan directamente al bolsillo de los vecinos deben respetar siempre la autonomía municipal reconocida por la Constitución Española y la Ley de Bases de Régimen Local". La nueva tasa de basuras aterriza con polémica en la localidad.
Conscientes de la preocupación y gasto que supondrá para los vecinos, el grupo municipal lleva al próximo pleno una moción para solicitar la derogación de "la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que obliga a imponer una tasa de basuras a todos los vecinos". El portavoz del grupo municipal, Héctor Añover, recuerda que "si el PSOE no lo hace, la derogaremos nosotros en cuanto lleguemos a La Moncloa".
La derogación de "la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez
Sin embargo, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impone a todos los ayuntamientos de España la obligación de establecer una tasa o prestación patrimonial que cubra el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, suprimiendo la capacidad de los municipios para decidir libremente cómo financiarlo.
"Por primera vez en la historia democrática española, un tributo local de carácter potestativo pasa a ser obligatorio por imposición estatal, vulnerando los principios de autonomía local (art. 140 CE), suficiencia financiera (art, 142 CE) y justicia tributaria (art. 31 CE). El resultado práctico es que millones de familias y pequeños negocios verán incrementado su recibo de basuras de forma significativa, sin que los ayuntamientos puedan mitigar este impacto mediante fondos propios, bonificaciones a tarifas sociales", explican desde el PP local.
Por todo ello, subrayan los populares que "los municipios no pueden ser recaudadores forzosos de decisiones ajenas ni verse obligados a trasladar a los vecinos políticas fiscales que no comparten. Por eso, los ayuntamientos deben unirse en un frente común institucional, plural y constructivo, para exigir respeto a su autonomía y libertad para aplicar soluciones justas y sostenibles".