Aceptar una subida en el precio de sus alquileres o enfrentarse a un desahucio. Ésa es la situación en la que se encuentran muchas familias de la región, desde que recibieron un burofax comunicándoles que o no se les renovaba el contrato o bien que se le daría continuidad al mismo en caso de aceptar dicho aumento -que en algunos casos llega al 100%-; los afectados serán llevados a juicio (el primero ya ha tenido lugar en Alcorcón) por el fondo extranjero de inversiones Blackstone. Desde hace un año, algunos de ellos viven fuera de arriendo, abonando el alquiler antiguo, como forma de protesta.
En Televisión Digital de Madrid hemos tenido la oportunidad de hablar con Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos, quien ha hecho hincapié en que "se ha intentado llegar a un acuerdo con la propiedad en todo momento y poder firmar un contrato nuevo, aceptando incluso ciertas subidas, pero siempre que sean asumibles", si bien asegura que "ellos han decidido continuar por la vía judicial". Los vecinos se han organizado y concentrado en numerosas ocasiones, y se han realizado sendas recogidas de firmas.
Se ha intentado llegar a un acuerdo con la propiedad en todo momento
Testa ha señalado en todo momento que se cumplen las condiciones legalmente establecidas. En este sentido, Racu cuestiona la moralidad y ética de las medidas que entran en juego: "el hecho de tener que dedicar un 70 u 80% de tu sueldo al alquiler es algo que enferma a las personas y nos coloca en una situación de constante vulnerabilidad; estamos desprotegidos y a merced del mercado", explica.
Asimismo, sostiene que el planteamiento actual de la Ley de Vivienda no es la solución: "la normativa es más que necesaria y desde este movimiento la llevamos reivindicando cuatro o cinco años, pero la ley que se acaba de aprobar no es la que desearíamos, porque no garantiza el acceso a una vivienda digna". Si quieres conocer más detalles sobre todo lo que nos ha contado, haz clic en el Play y no te pierdas nada.