¿Quién dijo que Alcalá de Henares era una ciudad aburrida? Nuestra ciudad no solo ofrece un amplio abanico de ofertas culturales, sino que con cada legislatura, sus dirigentes se vuelven más interesantes si cabe.
Por un lado, tenemos a la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, que, de nuevo, se ve envuelta en una polémica con la Policía Local, quienes denuncian no haber cobrado desde 2024. También tenemos a Alberto Blázquez, fiel alcalaíno y deportista que, al parecer, se llevó el término por otros lares en la Ciudad Deportiva Municipal, y ahora se enfrenta a un juicio por presunta prevaricación, malversación y nombramiento ilegal. Y, mientras tanto, Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, parece haber elegido ya cuál de todos los municipios madrileños es su favorito.
Cabe desgranar ligeramente los puntos anteriormente comentados. La guerra entre la Policía Local y los Gobiernos complutenses viene de lejos, ni Javier Rodríguez Palacios (PSOE) se libraba de estos enfrentamientos. No obstante, con Piquet se elevó un escalón más el nivel de tensión cuando decidió, aun sin conocerse motivos exactos, traer a Alcalá al comisario de Torrejón de Ardoz.
El cuerpo local alcalaíno no contaba con un comisario jefe, aunque sí había un perfil cuyo currículum apuntaba a ser el ganador. Desde este medio consultamos a la concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, por los que no se daba ese puesto a Rubén Jiménez, quien manifestaba un amplio recorrido como comisario en Alcalá. La edil aseguró que "ninguno reunía las condiciones necesarias" para asumir el cargo, de ahí que abrieran la convocatoria para la llegada de un nuevo comisario jefe, con el añadido de que solo se postuló el de Torrejón.
Enseguida, tras saltar a la luz estas declaraciones de la concejala, Jiménez emitió un comunicado público dirigiéndose a De Miguel para, básicamente, poner los puntos sobre las íes. "Cabe deducir que las afirmaciones sobre mi persona, hechas reiteradamente y con publicidad en la entrevista referida, carecen de base y fundamento", aseguró el por entonces comisario, pidiendo la rectificación pública de la edil, cuyas afirmaciones también podían poner en tela de juicio al propio cuerpo local.
Ahora, un año después, nos encontramos al comisario de Torrejón de Ardoz como comisario principal en Alcalá, a los agentes denunciando que no cobran y un silencio en torno a Jiménez que promete transformarse en buenas perlas.
Así, a este primer cóctel molotov le tenemos que añadir otro input de nuestra alcaldesa que también ha enturbiado las aguas, su concurrencia para conseguir un puesto de funcionaria en el Ayuntamiento complutense mientras ejerce sus labores de primera edil. Todavía se desconoce si fue una maniobra para asegurarse un futuro en las próximas elecciones municipales de 2027.
Tampoco podemos dejar de hablar de esa investigación en curso que salpica a Piquet por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. Para ello nos remontamos a enero de 2024, cuando Alfonso Serrano, secretario general del PP previamente mencionado, publicó en las redes sociales una imagen de una denuncia interna de la Policía en la que relacionaban una agresión sexual a los migrantes que siguen en el CAED de Alcalá. Todas las pesquisas apuntaban y apuntan a que esta información solo la pudo obtener de manos de Alcaldía, quienes tienen acceso a dichos partes.
Aunque, si de procesos penales se trata, es Blázquez quien se lleva la antorcha de líder. El concejal del PSOE, previamente miembro del Gobierno de Rodríguez Palacios, tiene una cita con el Juzgado número 6 de Alcalá de Henares el próximo 14 de octubre. El edil acudirá a declarar en calidad de investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y nombramiento ilegal dentro de la gestión de la Ciudad Deportiva Municipal, tal y como lo refleja la UDEF en un informe tras meses de investigación a raíz de la denuncia interpuesta por Víctor Acosta, portavoz de VOX y actual presidente de la Ciudad Deportiva.
Aunque Blázquez negó en el pasado pleno la existencia de una pruebas, lo cierto es que el proceso sigue para adelante y, si se llegara a confirmar, este tipo de delitos implican penas de cárcel. Ahora está en manos de la Justicia dilucidarlo.