Orlena de Miguel ha vuelto a asumir el papel de defensora de Luis Antonio Moreno, o eso ha dado a entender a los presentes en su rueda de prensa, supuestamente aclaratoria, de las informaciones que rodean a la Jefatura de la Policía Local de Alcalá de Henares. La concejala de Seguridad en Equipo de Judith Piquet pide respetar la presunción de inocencia y asegura que el Ayuntamiento no tiene constancia de ninguna notificación judicial.
Estas declaraciones llegan tras conocerse que el Juzgado de la Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrejón ha citado a Moreno en calidad de investigado ante el conocimiento de dos denuncias por presunto acoso laboral y agresión sexual, una de una agente local y otra de una trabajadora del consistorio torrejonero. Una información confirmada a este medio por dos fuentes de distinta procedencia.
La edil alcalaína ha señalado que “este Ayuntamiento no tiene conocimiento oficial de ningún procedimiento de la naturaleza que se está insinuando” y ha advertido de que, en caso de confirmarse la falsedad de determinadas afirmaciones, se adoptarán las correspondientes acciones judiciales para proteger el honor del Gobierno local. Es más, De Miguel advierte que "todo el que afirme que este equipo de gobierno tenia conocimiento de estos hechos conocidos por los medios de comunicación de manera previa, recibirá la correspondiente denuncia”.
La responsable de Seguridad ha querido dejar claro que la actividad de la Policía Local de Alcalá de Henares continúa con absoluta normalidad, sin que exista ninguna afección al servicio ni a la operatividad diaria. Como ejemplo, ha recordado la reciente intervención policial ante un individuo armado en la zona de Gran Canal, actuación que se desarrolló con "total profesionalidad y eficacia".
“No vamos a contribuir a juicios mediáticos”
La concejala ha insistido en que el equipo de Gobierno no participará en “juicios paralelos ni condenas mediáticas anticipadas”, subrayando que cualquier actuación debe basarse en hechos acreditados y notificaciones oficiales, "no en rumores o filtraciones".
Asimismo, la edil ha pedido responsabilidad institucional a la oposición, recordando que en otras situaciones donde existen cargos públicos formalmente investigados judicialmente del partido socialista como es el caso del concejal Alberto Blázquez , el Gobierno municipal no ha solicitado plenos extraordinarios ni dimisiones anticipadas, precisamente por respeto al principio de inocencia.
En relación con las críticas sobre la provisión de determinados puestos en la Jefatura policial, la edil ha asegurado que todos los procedimientos se han realizado conforme a la legalidad vigente y que, en los casos recurridos, "los tribunales han avalado su validez". La concejala ha concluido señalando que el Ayuntamiento actuará con serenidad y rigor jurídico: “Nuestro deber es garantizar la seguridad de los vecinos y el correcto funcionamiento del servicio. Lo demás son especulaciones que no pueden convertirse en condenas públicas sin base legal”.