La Cámara de Cuentas ha emitido un informe "desfavorable" sobre la gestión de la Universidad Complutense de Madrid en materia de personal al "no resultar conforme, en todos los aspectos significativos, con el marco normativo aplicable". De nuevo, unos premios de jubilación de dudosa legalidad y posibles irregularidades en la contratación de profesores asociados ha hecho saltar las alarmas al organismo madrileño.
"La Universidad Complutense de Madrid ha superado los límites previstos para la masa salarial al haber mantenido y abonado conceptos retributivos y sociales cuya vigencia se encontraba suspendida por las leyes de presupuestos anuales, resultando un incremento de gasto no autorizado por la administración tutelar (Comunidad de Madrid)." Así lo señala el informe de la Cámara, poniendo el foco en los 506,7 millones de euros en gasto fiscalizados, de los cuales al menos 11 millones podrían carecer de justificación legal.
Desgranando los diferentes frentes que han levantado las sospechas, la Cámara denuncia, en primer lugar, que la UCM ha pagado varios complementos que no cuentan con la autorización de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, complementos de productividad y complementos específicos no homologados, "no se corresponden con las valoraciones de los puestos de trabajo aprobadas legalmente, suponiendo una alteración de la masa salarial autorizada."
Así mismo, cabe destacar que aunque dichos incrementos fueran aprobados en acuerdos con los propios sindicatos, no habrían obtenido la aprobación oficial del Gobierno madrileño, incurriendo en un posible incumplimiento de la Ley de Presupuestos, texto legal que pesa sobre cualquier acuerdo sindical.
A ese incremento en la masa salarial se le unen unos premios de jubilación para los que el centro habría destinado 6.911.391,33 euros y que estaban "prohibidos" por la Ley de Presupuestos de 2021 y la Ley del 9/2018 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. La Cámara no considera dichas remuneraciones como parte del salario por el trabajo realizado, sino como una prestación de acción social que quedó suspendida en el Artículo 23. Dos de la Ley madrileña previamente mencionada.
El informe también señala que la UCM mantuvo una serie de prestaciones sociales basándose en sus acuerdos colectivos. 4.922.000 euros en ayudas por estudios, asistenciales o de carácter familiar que, al parecer, "carecen de amparo legal" para el ejercicio 2021, ya que las leyes de estabilidad presupuestaria obligaban a congelar o eliminar cualquier fondo destinado a beneficios sociales que no fueran el estricto salario por el trabajo realizado.
Por otro lado, la Cámara pone el foco en la gestión de la plantilla y las contrataciones, denunciando un posible abuso del contrato de profesor asociado para funciones que no serían ni temporales ni especializadas. "La utilización de la figura del profesor asociado para cubrir necesidades docentes estructurales desnaturaliza su finalidad legal, existiendo un uso abusivo de la contratación temporal que genera contingencias económicas para la Universidad.", señala en su informe.
Si dichos profesores demandaran a la UCM, casos que ya han ocurrido, el centro podría ser condenado a reconocerlos como fijos o a pagar indemnizaciones muy elevadas por "despidos improcedentes".
Con estos puntos sobre la mesa, el organismo concluye con una serie de recomendaciones al centro, empezando por el cese del abono de cualquier concepto retributivo o premio de jubilación que carezca de amparo en las Leyes de Presupuestos vigentes. También exige que la universidad regularice su sistema de nóminas y que analice y reduzca su plantilla de profesores asociados, además del refuerzo de los mecanismos de control interno y de intervención del propio centro.