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El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz "se ve envuelto en un escándalo de primer orden tras anular, por decreto del gobierno de Navarro, los procesos de libre designación para cubrir los puestos de Interventor y Secretario Municipal". Una rectificación "forzada y tardía" que llega después de que el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) de la Comunidad de Madrid presentara "un contundente recurso denunciando la ilegalidad de dichos procesos y anunciase que en, caso de no anular ambos procedimientos, acudirían a la justicia ordinaria".

Según COSITAL, los criterios establecidos por el Ayuntamiento vulneraban la legislación vigente y “diseñaban” unas bases a medida para favorecer a personas del entorno del propio gobierno local. Es decir, subyacía la idea de que se coloca a personas “de la casa” con el objetivo de facilitar la gestión política del alcalde y su gobierno, limitando cualquier posible control o fiscalización incómoda.

La denuncia fue respaldada públicamente por el portavoz del Partido Socialista en el municipio, Javier Castillo, quien no dudó en exigir en un escrito dirigido al alcalde la inmediata paralización de los procesos y la convocatoria de concursos conforme a la ley. “Lo que hemos visto es un intento burdo de manipular procesos que deberían ser absolutamente objetivos y transparentes. No se puede usar la Administración como si fuera una empresa privada al servicio del Partido Popular”, denuncia Castillo.

Inicialmente, el regidor municipal se enrocó en la defensa de los procedimientos, asegurando que todo se había hecho conforme a derecho, desestimando la petición del PSOE. Sin embargo, la presión institucional y el anuncio de COSITAL de acudir a la justicia tras desestimar su recurso han terminado por desmontar ese relato. El concejal delegado, a instancias del alcalde, acorralado, se ha visto obligado a firmar un decreto en el que revoca la aprobación de ambos procesos para “evitar controversias jurídicas innecesarias”.

A las cada vez más "graves acusaciones de corrupción en las contrataciones del ayuntamiento", con las denuncias de amaños en las oposiciones y de nombramientos a dedo, se suma este episodio que "pone en entredicho la transparencia del gobierno local y la independencia de los órganos de control del Ayuntamiento", generando una grave alarma sobre "el respeto institucional a los principios de mérito, capacidad y legalidad que deben regir cualquier nombramiento en la Administración".

Desde el Grupo Socialista se exige que se depuren responsabilidades políticas inmediatas y se garantice que ningún proceso selectivo vuelva a ser manipulado para servir a intereses personales o políticos. “La legalidad no es una opción, es una obligación. Y lo ocurrido es una prueba más de que este alcalde piensa que la mayoría absoluta que le han regalado con el bastón de mando le permite pasar por encima de todo. Es hora de cerrar ciclo político en Torrejón, la ciudadanía pide cambio”, concluye Castillo.