Tras las continuas denuncias por los opositores y miembros de los partidos políticos de la oposición por las presuntas irregularidades en un examen de oposición para auxiliar administrivo del Ayuntamiento de Parla, desde el equipo de Gobierno han suspendido el examen realizado el pasado 10 de marzo, con el objeto de no romper el derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública de todos los y las opositores y opositoras.
Con fecha 13 de marzo, el pasado viernes, la concejalía de Recursos Humanos dictó decreto reclamando al Tribunal Calificador, único organo administrativo competente en este asunto, "una aclaración profunda y exahustiva delas causas que dieron lugar a la existencia de un supuesto patrón en las respuestas del cuadernillo de examen test".
Recuerdan que la normativa reguladora de acceso a la función pública para cualquier proceso de selección estable debe ser realizado por un tribunal calificador compuesto por pesonal funcionario. Concretamente, el Ayuntamiento de parla recuerda que las bases de este procedimiento, aprobadas con fecha 23 de julio de 2025, recogen que `la composición del órgano técnico de selección se ajusta a lo establecido en los artículos 60 TREBEP y 12 del Acuerdo de Materias y Condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Parla´ y que dich órgano será constituido `atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad´. El tribunal calificador responsable de este proceso fue designado con fecha 14 de octubre de 2025.
Ahora, tras reunión con las secciones sindicales integradas en la Mesa General de Negociación, y vista el acta emitida por el Tribunal Calificador, la Concejalía de Recursos Humanos ha determinado, atendiendo a la propia propuesta del tribunal, anular el examen el pasado 10 de marzo, con el objeto de no romper el derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública de todos los opositores; admitir la renuncia de todos los integrantes del referido Tribunal Calificador en aras de garantizar la imparcialidad del proceso; y solicitar a la Comunidad de Madrid la realización de una instrucción aclaratoria por personal funcionario ajeno a este Ayuntamiento, para el total esclarecimiento de los hechos conocidos.