MENÚ

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que condenó al exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos González, y al exconcejal de Medio Ambiente, Manuel Jordán Rodríguez, (ambos del Partido Popular) como autores de un delito de prevaricación administrativa, por los encargos irregulares realizados en 2014 para la reparación de las talanqueras y otros elementos metálicos del recorrido de los encierros.

El Ayuntamiento de Navalcarnero, que ejerció acusación particular en el procedimiento, valora positivamente esta resolución, que confirma la actuación legal y firme del Consistorio en defensa del interés público y de la correcta gestión de los recursos municipales.

La resolución desestima los recursos de apelación presentados por ambos condenados y ratifica las penas de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el pago de las costas procesales. Cabe destacar que estos hechos no aparecen como aislados, sino que podrían encajar en un patrón más amplio. La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado ya juicio oral contra Baltasar Santos, por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y ayudas públicas, por este tipo de procedimientos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Navalcarnero.

Tanto la IGAE como la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid habían detectado que, durante la gestión del Gobierno municipal del Partido Popular hasta 2015, existía un fenómeno recurrente de fraccionamiento de contratos, adjudicaciones sin expediente o sin licitación, y pagos que no contaban con respaldo contractual adecuado.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, al fiscalizar el ejercicio de 2012, detectó que se habían realizado pagos por más de 4,4 millones de euros “sin que se haya tramitado un expediente de contratación ni celebrado un contrato” que los avalase. La IGAE, por su parte, concluyó en su informe que el alcalde “no podría alegar desconocimiento” de los irre­gulares fraccionamientos y que estos encontraban su repetida concurrencia. Además, el informe de la Cámara calificó las cuentas del Ayuntamiento como “irreales”, al constatar la falta de una fiscalización plena por parte de la Intervención municipal, lo que agravaba la opacidad de la gestión económica del anterior Gobierno local.

Otras causas pendientes

El Juzgado nº 4 de Navalcarnero -actual Sección Civil y de Instrucción nº 4 del Tribunal de Instancia de Navalcarnero- ha dictado auto de continuación de procedimiento contra Baltasar Santos y Teresa Hermida por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, en relación con la contratación y fraccionamiento masivo de obras en caminos rurales, realizadas al margen de todo procedimiento legal.

De forma paralela, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Navalcarnero mantiene abierta otra investigación (procedimiento penal 643/2018) por presuntas compensaciones y pagos cruzados entre empresas contratadas por el Ayuntamiento y sociedades vinculadas al exalcalde. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido comisionada para realizar una pericial contable destinada a determinar si existen empresas que realizaran pagos ocultos o beneficios irregulares ligados a adjudicaciones municipales.

Asimismo, continúa en fase de instrucción la causa de las cuevas, en la que el Juzgado de Instrucción nº 4 investiga un sobrecoste del 244 % en las obras, ejecutadas sin proyecto ni autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico. El informe de la IGAE incorporado al procedimiento aprecia graves irregularidades, al haberse adjudicado directamente trabajos por valor de 3,6 millones de euros sin expediente de contratación ni control técnico adecuados.