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No es un aviso, es un cambio de era. Pedro Sánchez ha aprovechado la Cumbre de Dubái para dibujar la nueva frontera digital de España. Bajo el concepto de "soberanía digital", el Gobierno central prepara un paquete de cinco medidas que pretenden blindar a los menores, aunque en el camino podrían transformar la internet tal y como la conocemos en un espacio tutelado por el Estado.

Así, la medida estrella de este paquete es el veto de los menores de 16 años a las plataformas digitales, cabe recordar que, hasta ahora, la edad legal era los 14. Sin embargo, aquí surge el primer gran conflicto: para que un menor no entre, el sistema debe saber quién es cada adulto. Esto implica, de facto, el fin del anonimato. Los usuarios podrían verse obligados a identificarse mediante biometría o DNI electrónico para abrir cualquier aplicación, entregando al Estado y a las plataformas una trazabilidad absoluta de su vida digital.

Otro aspecto que contempla el presidente es la penalización de los CEOs de las diferentes plataformas como últimos responsables de las mismas. Así, el Gobierno tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y hará a los directivos los responsables penales de los daños que causen sus redes, es decir, si corren el riesgo de multas o incluso de penas de prisión, la posible respuesta de las empresas será la sobre-censura. Ante la duda, los algoritmos borrarán cualquier contenido mínimamente polémico o crítico para evitar riesgos legales, limitando drásticamente la libertad de expresión legítima.

Además, ¿quién decide qué contenidos suponen un daño real, caen en el tan utilizado "odio"? Este concepto es susceptible a la interpretación de cada uno y políticamente manipulable. Es más, algunas fuentes ya han advertido que esto podría usarse como una herramienta de persecución ideológica o de censura hacia los que disiden, todo ello bajo la etiqueta de "discurso de odio" que queda en manos del Gobierno central.

Otra de las críticas que ha saltado a la palestra es que prohibir no es educar, y el Gobierno asume unas funciones que corresponden a los hogares o, en su defecto, a los centros educativos. Mientras el Gobierno defiende que se trata de una cuestión de "salud mental pública", la oposición y sectores técnicos alertan de que España se encamina hacia un modelo de internet fragmentado y vigilado, más cercano al proteccionismo estatal que a la libertad de información que definió a la red en sus inicios.