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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, ha presentado las líneas generales del nuevo sistema de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La propuesta de este nuevo sistema se resume en un incremento de los recursos que se transfieren a cada Gobierno autonómico.

Concretamente, con datos basados para el 2027 año en el que debería entrar en vigor este nuevo sistema, supondría un aumento de 20.975 millones de euros para las comunidades autónomas de régimen común respecto al modelo actual. De esa cantidad, casi 16.000 millones procederían de una mayor cesión de la recaudación del IRPF y del IVA, según ha explicado Montero.

La ministra ha detallado que los recursos totales del sistema alcanzarían en 2027 los 224.507 millones de euros, frente a los 152.484 millones de 2023, último ejercicio liquidado, lo que supone un incremento del 47%. El nuevo modelo afectaría a todas las comunidades salvo Navarra y el País Vasco, que cuentan con regímenes forales propios.

Del total de financiación adicional prevista, 15.756 millones llegarán por la mayor participación autonómica en el IRPF y el IVA. A ello se suman otras partidas, como 2.084 millones por la incorporación de parte del IVA de las pymes, 1.004 millones del nuevo fondo climático y 404 millones vinculados al mecanismo de “statu quo”, diseñado para evitar pérdidas transitorias de recursos.

Más impuestos cedidos y mayor corresponsabilidad fiscal

En el ámbito tributario, la propuesta eleva la cesión del IRPF del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. Además, se incorporan formalmente a la cesta de impuestos cedidos figuras como el impuesto sobre el patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos (impuesto por vertederos), cuyos ingresos ya percibían las comunidades, pero que ahora pasarán a integrarse plenamente en el reparto del sistema.

Según Montero, el objetivo es diseñar un modelo “más transparente y sencillo”, que refuerce la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, garantice la solidaridad entre territorios y permita blindar la financiación del Estado del bienestar. La ministra ha subrayado que no se trata de un sistema “a medida” para ninguna región concreta, sino de un modelo capaz de adaptarse a la diversidad de la España autonómica.

Consejo de Política Fiscal y calendario legislativo

La ministra presentará la propuesta a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles de la próxima semana. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda iniciará reuniones bilaterales con las regiones para ofrecer un mayor detalle del modelo.

Tras ese proceso, el Gobierno prevé aprobar el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y remitirlo a las Cortes para su tramitación parlamentaria, con la intención de que el nuevo sistema entre en vigor el próximo año. Pero el camino será largo y tortuoso y ni mucho menos está garantizado que salga adelante el nuevo modelo de financiación. A pesar de los esfuerzos de la ministra por "vender" las bondades del nuevo sistema, el Partido Popular ve inasumible que se esté beneficiando a Cataluña por encima del resto. Tampoco es muy favorable la opinión del presidente de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que ayer denunciaba la llamada ordinalidad.

Recaudación en tiempo real y gestión en red

Entre las principales novedades figura la posibilidad de que las comunidades abandonen el actual sistema de entregas a cuenta -basado en anticipos y liquidaciones dos años después- y pasen a recaudar en tiempo real, recibiendo mensualmente los ingresos del IRPF y el IVA, al igual que el Estado. Esta opción será voluntaria, aunque quienes se acojan deberán permanecer en el sistema al menos cinco años.

Para las comunidades que mantengan el modelo actual, Hacienda plantea una fórmula “más ágil y transparente” de liquidaciones, con el fin de que los recursos lleguen antes a la economía regional.

Asimismo, el Gobierno propone avanzar hacia un modelo de gestión tributaria en red, en el que la Agencia Tributaria estatal y las autonómicas trabajen de forma conjunta, lo que permitiría mejorar la lucha contra el fraude y facilitar la cesión de competencias a las regiones que lo soliciten.

Nuevo cálculo de la población ajustada

La reforma también introduce importantes cambios en el cálculo de la población ajustada, clave para determinar las necesidades de financiación. El nuevo modelo da mayor peso a variables relacionadas con el coste real de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

La población padrón representará el 30% de la ponderación, mientras que la población protegida equivalente, vinculada al gasto sanitario, alcanzará el 38% y se desglosará en 20 grupos de edad, frente a los siete actuales. En educación, se tendrá en cuenta la población de 0 a 17 años (17%) y se incorporan nuevos criterios relacionados con estudiantes universitarios y de formación profesional, con una ponderación adicional del 3,5%.

En servicios sociales, se distingue entre población de 65 a 79 años y mayores de 80, con un peso conjunto del 7%, y se añade como novedad el número de parados sin prestación, con un 1,5%. También se considera la superficie territorial de cada comunidad, que supondrá el 1,6% de la ponderación total.

Impacto por comunidades

Según las estimaciones de Hacienda, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana serían las regiones que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema actual, con 4.846, 4.686 y 3.669 millones de euros adicionales, respectivamente. Les siguen la Comunidad de Madrid (2.555 millones), Castilla-La Mancha (1.248 millones) y Murcia (1.188 millones).

Otras comunidades como Aragón, Canarias, Galicia, Baleares, Castilla y León, Asturias o La Rioja también experimentarían incrementos, mientras que Extremadura y Cantabria se verían beneficiadas adicionalmente por la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, que incorporará un tramo específico para las regiones que se sitúan por debajo de la media de financiación por habitante ajustado.