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Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales de España vuelven a convocar concentraciones y huelgas para finales de este mes, y visto el respaldo que obtuvo el parón del pasado 11 de junio. Los magistrados han preparado un calendario abierto también a opositores y ciudadanos "comprometidos con la defensa de la justicia independiente", con el objetivo de seguir luchando para que el Gobierno de España no lleve adelante las diferentes reformas del Poder Judicial.

Así, para el próximo 28 de junio, las organizaciones han acordado concentrarse ante el Tribunal Supremo, ubicado en la Plaza de la Villa de París, en Madrid, a las 12:30 horas. Los jueces y fiscales han elegido este emplazamiento por su valor simbólico e institucional, explicando que "no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales" de los ciudadanos.

La siguiente convocatoria es una huelga de tres días, el 1, 2 y 3 de julio, en caso de que, para entonces, no se hayan retirado de la mesa los proyectos de reforma. "De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho".

En paralelo, las diferentes asociaciones han programado una serie de reuniones con los grupos parlamentarios para trasladarles sus preocupaciones. El primer encuentro lo han fijado para el día 17 de junio a las 16:00 horas con el PSOE; ese mismo día, a las 18:00, también prevén reunirse con el Partido Popular. El siguiente encuentro será el día 23 de junio, a las 10:00 horas, con la Presidenta del Consejo General del Notariado, y la última será el miércoles 25 de junio a las 11:00 horas con VOX.

Por otro lado, los jueces y fiscales continúan intentando estrechar lazos con Europa en el contexto de defender el Estado de Derecho. Los demandantes han trasladado la "relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la sentencia dictada en el asunto Repubblika (C-896/19), que consagra el principio de no regresión en materia de independencia judicial".

En este sentido, según el texto mencionado, los Estados miembros de la Unión Europea no pueden adoptar medidas que impliquen el deterioro de la independencia judicial ni de las garantías judiciales, un aspecto que, a juicio de los magistrados, podría verse en riesgo con las propuestas del Ministerio de Justicia. Es más, los letrados mantienen que las reformas "vulneran dicho estándar europeo al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español", por lo que instan a las instituciones europeas a ejercer un "escrutinio riguroso" sobre las propuestas del Ministerio.