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Aprovechar las vacaciones de Navidad o de verano para aprobar decretos está convirtiéndose en un modus operandi habitual para el Gobierno central. En esta ocasión, el Boletín Oficial del Estado nos sorprende con su última publicación del 24 de diciembre, donde recoge un Real Decreto-ley "ómnibus", un paquete de medidas aprobado sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados ni otro tipo de órgano de fiscalización por su carácter "de extraordinaria y urgente necesidad".

Así, el Gobierno central se acoge al artículo 86 de la Constitución Española para poder aprobar este Real Decreto-ley que prorroga varias "medidas sociales" ya puestas en marcha años anteriores. El Ejecutivo ha argumentado que la situación de vulnerabilidad de amplios colectivos (vivienda, energía, pensiones) y la ausencia de unos nuevos presupuestos hacen necesario este instrumento para asegurar la continuidad de políticas sociales esenciales sin esperar a que se apruebe una ley ordinaria.

Así es, reconoce la nueva falta de unos Presupuestos Generales del Estado para 2026, provocando, automáticamente, la prórroga de los ya prorrogados. No obstante, estas constantes prórrogas no recogen modificaciones necesarias para dotar económicamente ayudas sociales, las cuales requieren un mandato específico como el actual.

La suspensión de desahucios: ¿del escudo social a la expropiación encubierta?

La medida más controvertida del decreto es la prórroga de la suspensión de desahucios para personas consideradas vulnerables, incluso en casos de impago prolongado del alquiler. Lo que comenzó como una medida excepcional durante la pandemia se ha convertido, cinco años después, en una restricción permanente del derecho de los propietarios a disponer de su vivienda.

En la práctica, el Estado obliga a particulares a asumir una función social que debería recaer en los poderes públicos. El propietario sigue pagando impuestos, comunidad, mantenimiento y, en muchos casos, hipoteca, mientras se le impide recuperar su inmueble. Además, según denuncian los propios propietarios, la compensación prometida es lenta, insuficiente o directamente inexistente en muchos casos.

Otras medidas

En paralelo, el Gobierno central asegura reforzar la protección frente a la pobreza energética. El texto prorroga la prohibición de cortar suministros básicos —luz, gas y agua— a hogares vulnerables y mantiene los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, que reducen de forma significativa la factura de la luz para quienes tienen menos ingresos.

No obstante, con esta medida el Estado impone a las compañías suministradoras la obligación de garantizar el servicio al estas no poder cortar ese suministro. ¿El resultado? Una posible intervención administrativa permanente, donde las empresas asumen costes que luego se repercuten, directa o indirectamente, sobre el conjunto de consumidores.

Además, la ampliación continuada del concepto de “hogar vulnerable” ha convertido lo extraordinario en estructural. El mensaje implícito es claro: el suministro está garantizado, independientemente de la gestión individual o de la capacidad real del sistema para sostenerlo.

Pensiones: subidas sin presupuestos y sin debate

Otro de los pilares del decreto es la revalorización de las pensiones conforme a la inflación, junto con incrementos adicionales en pensiones mínimas y otras prestaciones. El Gobierno justifica esta decisión alegando que la falta de Presupuestos le obliga a actuar mediante decreto-ley. Sin embargo, no explica cómo se financiará ese aumento del gasto cuando sigue sin presupuestos.

Además, el uso del decreto-ley para garantizar aumentos automáticos consolida una dinámica peligrosa: el gasto social queda blindado por decreto, sin permitir cualquier ajuste o reforma, poniendo en jaque las propias ayudas y haciéndonos dependientes del endeudamiento.

Prestaciones y brecha de género

El decreto también actualiza el Ingreso Mínimo Vital y los complementos asociados a la brecha de género. Medidas que, una vez más, se aprueban sin una evaluación pública rigurosa de su eficacia real, su impacto sobre el empleo o su efecto en la dependencia de las ayudas.

Seguridad Social, empleo y fiscalidad: continuidad sin control

Por último, el decreto introduce ajustes en materia de Seguridad Social, empleo y fiscalidad, con el argumento de dar continuidad al marco vigente mientras no se aprueban nuevas cuentas públicas. En realidad, esta “continuidad” viene a reflejar un modus operandi donde los Presupuestos —la principal herramienta de política económica de un Estado— quedan relegados a parches normativos sucesivos.