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La crisis habitacional en la Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal campo de batalla política, un tablero donde los diagnósticos y las soluciones parecen habitar universos paralelos. Mientras los precios del alquiler y la compra siguen su escalada, los cuatro principales grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid diseccionan ante nuestras cámaras una realidad con enfoques bastante diversos.

Para el Partido Popular, representado por Paula de las Heras, el problema es una cuestión de "oferta y demanda" con una burocracia asfixiante. Su diagnóstico es claro: existe un desequilibrio severo entre una oferta raquítica y una demanda creciente, agravado por la lentitud administrativa que puede demorar diez años la obtención de suelo finalista. Frente a esto, el modelo de Isabel Díaz Ayuso apuesta por la agilidad y la seguridad jurídica, defendiendo herramientas como la Ley del Suelo o el Plan Vive para movilizar vivienda sin recurrir al intervencionismo que, según el PP, solo "estropea" el mercado.

En las antípodas se sitúa Más Madrid. Jorge Moruno califica el modelo popular de "teórico" y alejado de la calle. Para su formación, la libertad no debe ser la del mercado para inflar precios, sino la del ciudadano para elegir dónde vivir. Su propuesta estrella mira a Europa: el modelo de Viena. Moruno aboga por un parque público de vivienda masivo que deje de ser visto como algo "asistencial" para convertirse en una alternativa real para las mayorías, financiado con los recursos que, según denuncia, se han dejado de recaudar por las bonificaciones fiscales a las rentas más altas.

El PSOE, de la mano de Javier Guardiola, centra gran parte de su estrategia en la aplicación de la Ley de Vivienda estatal. Guardiola defiende que la declaración de zonas tensionadas es la única vía inmediata para estabilizar los precios, señalando que en regiones como Cataluña la subida es significativamente menor que en Madrid. Para los socialistas, el Gobierno regional está "secuestrando" un derecho que beneficiaría a un millón de inquilinos madrileños, mientras defienden fondos soberanos como 'España Crece' como el motor necesario para movilizar 15.000 viviendas anuales con respaldo público y privado.

Por su parte, VOX introduce una variable técnica y social: la inseguridad jurídica y la asfixia fiscal. Beatriz Tejero, arquitecta de profesión, advierte de la proliferación de chabolas y el hacinamiento en alquiler de habitaciones como síntoma de un sistema fallido. Su crítica es bidireccional, ya que ataca al Gobierno central por una ley que espanta a los propietarios —reduciendo así la oferta— y reprocha al Gobierno regional la falta de un plan de ordenación territorial claro. Para VOX, la clave está en eliminar la sobrecarga impositiva a quien busca su primera vivienda y garantizar que poner un piso en alquiler no sea un riesgo para el propietario.

No obstante, mientras el debate parlamentario se acalora, la realidad sigue golpeando el bolsillo del ciudadano. La pregunta que queda en el aire es si alguna de estas recetas llegará a tiempo para frenar una crisis que, en palabras de algunos de sus protagonistas, está empezando a comprometer la estructura misma de los barrios y las familias madrileñas.