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La sede del Defensor del Pueblo ha sido hoy el escenario de una firma que busca saldar una deuda histórica en España. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, han rubricado el protocolo que activa un sistema mixto para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia cuyos casos ya han prescrito judicialmente.

El documento desarrolla el acuerdo de principios alcanzado el pasado 8 de enero de 2026 y entrará en vigor el 15 de abril. Se trata de una vía complementaria al Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) que la propia Iglesia puso en marcha en 2024. Las víctimas podrán elegir entre ambos sistemas y, en caso de haber pasado ya por el PRIVA, podrán optar por este nuevo canal mixto.

Las solicitudes se presentarán en la Unidad de Tramitación del Ministerio de Justicia y se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Allí se estudiará cada caso de forma individualizada, se escuchará a las partes y se elaborará una propuesta de reparación —que podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica— en un plazo máximo de tres meses.

La propuesta pasará a la comisión asesora de la Iglesia (prevista en el PRIVA), que dispondrá de dos meses para evaluarla. Si hay acuerdo entre víctima e Iglesia, la resolución será definitiva. En caso de discrepancia, se activará una Comisión Mixta (con representantes de todas las instituciones firmantes y asociaciones de víctimas) que intentará consensuar una solución en un plazo máximo de un mes. Si no hay consenso, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.

La Iglesia (diócesis, congregación o entidad responsable) asumirá íntegramente el coste de las reparaciones. Si no cumpliera, la CEE y la CONFER garantizarán su ejecución.

Como dato importante, el protocolo no incluye baremos ni cantidades económicas fijas. Cada indemnización se calculará de manera personalizada, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos (naturaleza, violencia, edad de la víctima, duración y relación con el agresor) y el daño causado (físico, psicológico, social, familiar y de oportunidades perdidas). Se toma como referencia el modelo irlandés, pero sin horquillas obligatorias.