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El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa ha señalado en su último informe que España continúa sin cumplir con las 19 medidas para luchar contra la corrupción. En concreto, el GRECO sostiene que se han aplicado parcialmente 16 y no se cumplen tres de las recomendaciones, además, insiste en que "las autoridades españolas deben intensificar sus esfuerzos para aplicar las reformas previstas".

Cabe recordar que la evaluación de Europa se centra en los mecanismos anticorrupción establecidos para los altos cargos del Gobierno y las fuerzas de seguridad, concretamente, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si bien es cierto que el organismo destaca iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia y la Ley de Administración Abierta, esta última pendiente de aprobar, ninguna de las dos parece tener una aplicación real.

Así mismo, la ausencia de formación sobre el Código de Conducta y de una estrategia de integridad "ponen de manifiesto la necesidad de una acción más sistemática", sostiene el GRECO. El Ejecutivo central tampoco destaca en materia de transparencia, ya que, mientras los indicadores han mejorado gracias a la entrada en vigor en España del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, los tiempos de respuesta y el acceso público siguen preocupando a Europa.

Por otro lado, el organismo europeo también ha destacado que no hay medidas reales para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad pena de los miembros del Gobierno, lo que se conoce como "aforamiento".

La publicación de las agendas públicas sigue siendo una asignatura pendiente, así como el refuerzo de las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. La Oficina de Conflictos de Intereses sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio.

En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, el GRECO concluye que los progresos en la aplicación de sus recomendaciones han sido desiguales, con algunos avances, pero con deficiencias persistentes.

La Policía Nacional ha llevado a cabo evaluaciones del riesgo y actuaciones de supervisión, pero sigue faltando una estrategia anticorrupción específica. El Código de Conducta de 2013 sigue sin medidas de aplicación práctica, y la contratación y los nombramientos discrecionales siguen requiriendo una mayor transparencia. Si bien es cierto que el GRECO reconoce los esfuerzos normativos en materia de formación policial, considera que las mejoras estructurales en lo que respecta a la ética y la integridad siguen siendo incompletas.

La Guardia Civil ha mostrado mayores progresos, en particular gracias al desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y del Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP). Estas iniciativas introducen evaluaciones del riesgo y formación estructurada, con medidas de prevención de la corrupción integradas en estrategias más amplias. Sin embargo, aún quedan por adoptar algunas iniciativas clave, como el Protocolo de Buenas Prácticas.

Por todo ello, el GRECO concluye que España no cumple suficientemente las recomendaciones y pide a las autoridades españolas que presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación. En aplicación de su reglamento interno, en el informe el GRECO invita al secretario general del Consejo de Europa a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España para poner de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible.