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En pleno pico de incendios de julio de 2026, la primera línea de defensa aérea de España atraviesa uno de sus momentos más críticos en la última década. De los 18 hidroaviones anfibios Canadair de gran capacidad con los que contaba el Estado en 2018, hoy solo están operativos entre seis y siete, según han confirmado fuentes del propio Gobierno y del Ministerio de Defensa a las comunidades autónomas. La flota estrella del 43 Grupo del Ejército del Aire ha perdido prácticamente la mitad de su capacidad real sobre el terreno.

El inventario oficial ya se había reducido de 18 a 14 aparatos en 2023 tras la subasta de cuatro unidades obsoletas, según consta en la resolución del MITECO publicada en el BOE de ese año y como han documentado El Independiente y el propio 43 Grupo. A ello se suma que la antigüedad de los aparatos —muchos superan los 30 y 40 años— y las averías recurrentes han dejado en tierra a casi la mitad de los medios.

La gravedad del problema llevó este mes al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a pedir a las comunidades autónomas que “dosificaran” el uso de estos aviones. Paralelamente, España se vio obligada a recurrir al Mecanismo de Protección Civil de la UE para solicitar cuatro Canadair a Grecia e Italia, según confirmaron la Comisión Europea y Moncloa el pasado 24 de julio.

Promesas en papel, aviones en el taller

La situación actual contrasta con los anuncios oficiales. El 21 de mayo de 2026, durante la presentación de la campaña antiincendios, Pedro Sánchez anunció “el mayor despliegue del Estado” prometiendo 15 aviones anfibios e incluyendo un nuevo kit apagafuegos para las aeronaves A400M de Airbus, tal y como figura en la transcripción oficial publicada por La Moncloa y en las notas de prensa del Gobierno. Dos meses después, esos 15 A400M siguen sin el sistema instalado y no están operativos.

Por otro lado, la compra de siete nuevos DHC-515 autorizada por el Consejo de Ministros en 2024 por 375,56 millones de euros no entregará su primer aparato hasta finales de 2028, completando el lote en 2031-2032, según recogen el contrato de adjudicación e informaciones de Infodefensa. En ocho años de Gobierno no se ha incorporado un solo avión nuevo de gran capacidad.

A este retraso se suma el colapso de la modernización urgente declarada en 2022 para los antiguos CL-215T. Aquel contrato de 22 millones de euros (ampliado a 24 millones) financiado con fondos Next Generation EU, según el expediente de contratación y la memoria justificativa del MITECO, se ha extinguido definitivamente en julio de 2026 por trabas burocráticas y falta de acceso a la documentación técnica del fabricante. El resultado es de cero aviones modernizados y los plazos de los fondos europeos caducados.

Más de 300 millones de prevención bloqueados

El problema de ejecución también afecta a la prevención en el monte. La Inversión 4 del Componente 4 (“Gestión Forestal Sostenible”) del Plan de Recuperación tiene asignados 401 millones de euros europeos, según confirma el MITECO en su nota de prensa del 24 de junio de 2025 y en los documentos oficiales del PRTR.

Sin embargo, según datos de la AIReF (Observatorio del PRTR) y de la IGAE recogidos en julio de 2026, solo se han movilizado entre 80 y 89 millones de euros (un 20-22 %). Aunque el MITECO reconoció en 2025 que había transferido más del 50 % a las comunidades autónomas, el gasto real ejecutado sobre el terreno sigue atascado, dejando bloqueados más de 310 millones de euros.

Alquileres millonarios ante un balance devastador

Mientras la flota propia se deteriora, el Estado sigue destinando importantes sumas a la contratación privada. Según datos publicados en el BOE tras la aprobación del Consejo de Ministros el 17 de diciembre de 2024, solo el contrato de medios aéreos de apoyo para 2025-2027 supera los 156-188 millones de euros. A esto se añaden los cerca de 29 millones de euros anuales que cuesta el acuerdo de mantenimiento de los 14 aviones propios con Defensa, según datos del MITECO, ministerio cuyo presupuesto de extinción se elevó en 2025 a 109,3 millones de euros (un 29 % más).

El balance de los últimos ocho años refleja más de 1,17 millones de hectáreas quemadas —una superficie equivalente a la Región de Murcia—, según la estadística oficial del MITECO. El diagnóstico refleja que se ha invertido más en alquilar medios privados y mantener una flota obsoleta que en renovarla a tiempo, mientras buena parte de los fondos europeos de prevención sigue paralizada en la burocracia administrativa.