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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha enmarcado la norma en el compromiso del Ejecutivo con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la búsqueda de una paz justa y duradera en la zona.

Cuerpo ha recordado que ya han transcurrido casi dos años desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 que, "como señaló el presidente del Gobierno ayer, seguimos condenando de forma enérgica, además de pedir la liberación inmediata e incondicional de los rehenes". En ese período, ha añadido, ha habido más de 65.000 fallecidos en Gaza, más de 165.000 heridos y en torno a 2 millones de desplazados, y más de 250.000 personas, incluidos niños, se encuentran en riesgo de desnutrición.

El ministro ha abogado por que España siga liderando los esfuerzos internacionales para actuar ante esa situación y aumentar la presión sobre el Ejecutivo israelí, como ya anunció el presidente del Gobierno y está defendiendo en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra esta semana en Nueva York.

Embargo total de armas y prohibición de importaciones

Una primera medida esencial del texto, que debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días, es la consolidación del embargo total de armas a Israel: se prohíben las exportaciones con destino a ese país y las importaciones con origen en él tanto del material de defensa como de los productos y la tecnología de doble uso.

En segundo lugar, la norma recoge la denegación de la solicitud de tránsito por España para los combustibles con posible uso militar en Israel. Carlos Cuerpo ha señalado que se trata de un "insumo esencial para las fuerzas armadas israelíes" que hasta ahora no estaba incluido en el reglamento de control de comercio exterior.

El tercer pilar del decreto ley es la prohibición de importar productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado. También se prohíbe la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de los servicios prestados en ellos.

El texto incluye, además, una disposición para revocar las autorizaciones vigentes en la fecha de entrada en vigor de la norma y para prohibir las pendientes de resolución.

El titular de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado, igualmente, que la norma refuerza la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno y prevé la defensa de los intereses generales en circunstancias excepcionales. El Ejecutivo se compromete a comparecer trimestralmente ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la aplicación de las medidas, incluyendo la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice una excepción puntual y de manera excepcional por verse afectados los intereses nacionales.