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El 'caso mascarillas' ya tiene hoja de ruta judicial. El Tribunal Supremo ha dictado hoy un auto en el que fija el próximo 7 de abril a las 10:00 horas como el inicio del juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Los tres se sentarán en el banquillo acusados de una batería de posibles delitos graves que incluyen cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, blanqueo y prevaricación, entre otros.

El tribunal, compuesto por siete magistrados, ha dado luz verde a la comparecencia de más de 75 testigos y una veintena de peritos. La lista de nombres que deberán testificar incluye a figuras de alto perfil político comoFrancina Armengol, actual presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias; Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; y Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas.

No obstante, la Sala ha marcado límites claros. Ha rechazado llamar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta María Jesús Montero, cuyas comparecencias habían sido solicitadas por la acusación popular. También se han quedado fuera de la lista el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En un extenso auto de 138 folios, el Supremo ha dado un 'carpetazo' a los intentos de las defensas por frenar el proceso. Los magistrados han desestimado todas las cuestiones previas y peticiones de nulidad presentadas por Ábalos y Koldo García el pasado febrero.

El tribunal ha reafirmado su competencia para juzgar el caso y ha rechazado acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una maniobra que pretendía dilatar los tiempos del juicio.

Así, tras el arranque del 7 de abril, la Administración de Justicia detallará el calendario completo de las sesiones. Se espera un proceso largo y complejo debido al volumen de acusados, la gravedad de los delitos y la relevancia de los ex altos cargos de empresas públicas (como Renfe, Correos y Puertos del Estado) que también han sido citados a declarar.