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El Partido Popular sigue cuestionando la propuesta del Gobierno de regularizar a 500.000 personas extranjeras que ya se encuentran en España. Los beneficiarios deberán acreditar al menos 5 meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.

La medida ha desatado un agrio debate en el Congreso, donde la portavoz popular, Ester Muñoz, ha afeado al Ejecutivo que esta medida se produjera apenas una semana después del accidente ferroviario en Adamuz, "cuando todos los españoles estábamos en shock con lo que había pasado".

La popular defiende una política migratoria "real, sensata y razonable", asegurando que su formación está "con los españoles que están hartos" de ser tachados de racistas. Muñoz es tajante al afirmar que "la nacionalidad española no se regala, sino que se gana", y opina que lo razonable es que quien venga lo haga para trabajar y que, en caso de delinquir o no compartir nuestros valores y derechos, "España no es su país".

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha salido al paso de estas críticas defendiendo la "coherencia de este Ejecutivo para mejorar la vida de la gente y lograr un crecimiento económico". Recuerda que el Partido Popular votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular en el pasado y que, además, los populares han realizado procesos similares durante sus años de Gobierno.

Montero sostiene que las personas afectadas por esta medida "ya conviven con los españoles" y que su regularización permitirá que contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos mediante el pago de impuestos. Finalmente, la vicepresidenta ha acusado al PP de difundir "un discurso de odio que pone una alfombra roja a la ultraderecha".

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